La deuda y el déficit de las comunidades autónomas siguen desbocados. Ni los mecanismos de liquidez diseñados por el Gobierno -planes que, en última instancia, obligan al Estado a asumir una carga mayor de deuda-, ni la rebaja de intereses de las que éstas se han ido beneficiando, han impedido que las regiones excedan el tope de déficit de 2014 en casi siete décimas.
Su agujero asciende a 17.529 millones de euros. A este desequilibrio se suma un pasivo inédito. La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas alcanza los 1,033 billones de euros, según el Banco de España (el 97,67% del PIB). Organismos internacionales o la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han alertado de la necesidad de que España plante de una vez cara a este problema.
Por si fuera poco, nuestro país sigue liderando, tan solo por detrás de Grecia, la tasa de paro en Europa, con un 23,7%, de acuerdo con la última Encuesta de Población Activa (EPA). En el caso del segmento más joven ese porcentaje supera, incluso, el 50%. Lo más preocupante es que, ni tan siquiera la mejora económica prevista -aunque se alcance el 3% de crecimiento este año- va a servir para rebajar el desempleo por debajo del 20%.
A esto hay que sumar que, tal y como advierten desde BBVA Research, la "situación normal" para nuestro país implica una tasa de paro estructural de entre el 17 y el 18% (casi 3,5 millones de desempleados), porcentaje tres veces superior al que presentan Estados Unidos y Alemania. Es precisamente por este motivo que los analistas inciden en que debemos seguir avanzando en las reformas estructurales, las de nuestro mercado de trabajo y las que permitan al país una mayor eficiencia en términos de gasto.
Amenazas, sin más
La Ley de Estabilidad Presupuestaria está ahí, pero la amenaza de intervención de aquellas autonomías que incumplan sistemáticamente el déficit se ha quedado en eso, en una amenaza. El proceso hasta llegar a una posible sanción es lento y hay quienes, como la AIReF se plantean hasta qué punto no sería necesario empezarse a plantear ya la aplicación de las medidas coercitivas. Sobre todo cuando se está comprobando que algunos ejecutivos autonómicos incumplen sistemáticamente sus compromisos.Sólo habría que tener en cuenta que, el pasado año, trece autonomías sobrepasaron el límite impuesto y, de ellas, cuatro llegaron a duplicarlo (empeorando, incluso, los registros de 2013). A esto hay que añadir que el endeudamiento conjunto de las comunidades autónomas aumentó cerca del 13%, lo que implica que se está elevando dos veces más rápido que el del Estado. Y esto, pese a que es esta última Administración la que asume buena parte de la carga del pasivo regional, a través del Plan de Pago a Proveedores o de la nueva Facilidad Financiera, por ejemplo.
No es de extrañar que, según los datos del FMI recogidos por McKinsey en su informe Debt and (not much) deleveraging, las Administraciones Públicas españolas son las segundas que más han aumentado su deuda entre 2007 y 2014. Solo Irlanda nos supera y el país celta disparó sus números rojos, no por incrementos de gasto corriente, sino a raíz del rescate a sus bancos, que terminó con el rescate por parte de la Unión Europea.
Fuera del control europeo
Como avanzó este diario, el Gobierno quiere aprovechar el plan para reformar la gobernanza económica -que las instituciones europeas preparan para junio-, para modificar los instrumentos de vigilancia económica que más le perjudican. Su objetivo sería reducir tan solo a dos los instrumentos de control de los desequilibrios macroeconómicos: el balance por cuenta corriente y la competitividad. De esta forma, paro y deuda -las dos variables que más afean la coyuntura española- quedarían fuera del examen europeo a los países miembros.
