Tras cinco años de ajustes, en 2015 llegan las ayudas sociales y los estímulos. El mismo 1 de enero entró en vigor la reforma fiscal que dejó la primera dádiva en las nóminas de los españoles.
Desde entonces, mes a mes el Ejecutivo no ha dejado de anunciar nuevas medidas, algunas de las comprometidas desde hace algún tiempo como la mayor oferta de empleo público y otras, si cabe más reclamadas, como la retirada de las tasas judiciales para las personas físicas o la implantación de un nuevo cheque familiar. Unas decisiones que acarrean una inyección desde las arcas del Estado al bolsillo de los españoles de más de 7.000 millones de euros.
Estas medidas se tornan en una suerte de devolución a los ciudadanos del esfuerzo soportado durante los ajustes. Sin ir más lejos, la bajada de impuestos es, según expertos, un buen empujón para estimular la economía. También la Ley de Segunda Oportunidad es otra iniciativa que -en la crisis- habría ayudado a multitud de personas físicas y familias. Es más, una de las críticas que recibe este texto es que se habría quedado algo escaso.
Ley de Segunda Oportunidad
Esta norma, en concreto, permite a los emprendedores sobreponerse de fracasos gracias a la disposición de quitas, moratorias o liquidaciones para saldar deudas, así como facilita a personas físicas superar situaciones de ruina vía dación en pago o liquidación de sus bienes. El problema, según explican los expertos, es que sólo faculta esta opción en el caso de que las deudas contraídas sean privadas y, en ningún caso, permite establecer quitas en los compromisos contraídos con Hacienda o la Seguridad Social. Esto último está obligando a muchos autónomos a cerrar sus negocios.
Junto con la Segunda Oportunidad, los autónomos también fueron gratificados en el Debate del estado de la Nación con un otro anuncio. Desde marzo, el Ejecutivo bonifica durante un año el cien por cien de la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes de aquellos que reduzcan jornada para cuidar a hijos menores de 7 años o a mayores dependientes a su cargo. La obtención de esta bonificación implica que el autónomo contrate a un trabajador para mantener la actividad. El Gobierno calcula un impacto de estas medidas de entre 561 y 577 millones al año.
Tarifa plana
Las tarifas planas han sido una de las estrategias con buen resultado en 2014. Según la EPA, el año pasado se crearon 433.900 puestos de trabajo en España. Además, Rajoy ha prometido que entre 2014 y 2015, la cifra debería crecer hasta el millón. Para cumplir con este objetivo y tras el buen recuerdo de la tarifa plana de 100 euros, cuyo plazo se extinguió el 31 de marzo, el Gobierno aprobó también en febrero una nueva tarifa plana de 500 euros para los nuevos contratos indefinidos. En cifras, Empleo calcula que este tipo de ayudas a la contratación restarán 1.600 millones anuales a la Seguridad Social.
Tasas judiciales
Tras el rechazo social suscitado, finalmente el Gobierno retiró las tasas judiciales a las personas físicas, una medida del exministro Alberto Ruiz-Gallardón y con la que previó recaudar unos 300 millones cada año. La supresión alcanza a las personas físicas -no a las jurídicas- y se extiende a todos los órdenes.
Alivio fiscal del 12,5%
La reforma fiscal llegó a principios de año y, pese a que prometió representar un antes y un después, vino a dejar el esfuerzo fiscal de los españoles al nivel de 2011. Según el Gobierno, dicha reforma supondrá un ahorro para los ciudadanos de más de 9.000 millones entre 2015 y 2016. En concreto, con el IRPF, tributo por el que se pagaría de media un 12,5 por ciento menos, el Estado dejaría de recaudar 3.366 millones este año. Sólo hasta febrero, el efecto ha sido de 223 millones.
Empleo público
Aunque los gatos de personal este año disminuían un 1,2 por ciento en el Presupuesto de 2015, el Ejecutivo sorprendió con una oferta de empleo público ordinaria y extraordinaria amplia para evitar, según Hacienda, "descapitanear el sistema público". Así, la Administración General del Estado en 2015 contará con 3.542 funcionarios nuevos (2.868 de la convocatoria ordinaria y 190 de una extraordinaria), esto es, casi cuatro veces más que las convocadas el ejercicio anterior.
Inmigrantes irregulares
Esta misma semana, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso enmendaba a su predecesora y anunciaba que los inmigrantes irregulares recuperarían la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Era una de las reivindicaciones de los profesionales de la salud, así como la retirada del copago farmaceútico o la readmisión de muchos sanitarios, si bien estas últimas por ahora seguirán siendo demandas de la marea blanca.
Último tramo de 2014
Los guiños electoralistas, en cualquier caso, ya comenzaron en el último tramo de 2014 después de que Hacienda abriera la mano con las autonomías en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Fue entonces cuando el ministro del ramo, Cristobal Montoro, ofreció a los consejeros nuevos mecanismos de financiación al 0 por ciento de interés para garantizar los servicios públicos que prestan. La oferta sobre la mesa estaba disponible tanto para las CCAA que cumplían los objetivos de déficit como para las que no.
