Ni PP ni PSOE se han atrevido a abordar las pensiones de viudedad en ningunos de sus respectivos mandatos. El último receso lo ha planteado el Gobierno de Mariano Rajoy ya que, según explica la diputada popular Paz Lago, "se trata de un ejercicio de responsabilidad" por la escasez de fondos que vive la Seguridad Social.
La particularidad es que el PP no "suprime" la necesidad de subir esta mensualidad, sino que "pospone" este paso. Es lo mismo que hizo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero cuando reformó las pensiones.
Así, la Ley 27/2011 si bien entró de lleno en el resto de conceptos, también aplazó hasta un año después -cuando este ya no estuviera en Moncloa- la mejora de las pensiones de viudedad hasta el 60% de la base reguladora (la base de cotización que tuviera el fallecido) desde el 52 actual. El problema, según fuentes presentes en las reuniones del Pacto de Toledo, es que "esta coletilla se incluyó en el trámite parlamentario sin mucha voluntad de que se cumpliera, muy similar a lo que ocurre ahora".
El libro amarilllo de los presupuestos generales del Estado para 2015 prevé una dotación de 20.776,69 millones de euros para el abono de las pensiones de viudedad. Si este crédito es el responsable de pagar el 52% de la base reguladora, incrementar este concepto en ocho puntos apenas supondría, según expertos, 3.000 millones más. "El problema es el antecedente que se crearía", comentan voces negociadoras.
En este sentido, ni siquiera el PSOE -partido que dejó este encargo- defiende ya la necesidad de incrementar este montante a costa de la Seguridad Social, sino que aboga porque se pague vía impuestos. De esta opinión es también CCOO.
Evitar cortoplacismos
Según explica Carlos Bravo, Secretario Confederal de Protección Social, "deberíamos de autofinanciar las pensiones contributivas (las prestaciones supeditadas a una previa relación jurídica con la Seguridad Social, tales como jubilación o viudedad) a través de cotizaciones sociales y dejar las no contributivas (las asociadas a una necesidad como invalidez) para el abono por parte de un impuesto finalista como Francia". También piden evitar "cortoplacismos" desde la CEOE si bien pujan por un camino distinto. La patronal no cree que baste con aumentar los impuestos que paguen las empresas, sino que es más partidaria de buscar vías alternativas de financiación.
Lo cierto es que el Fondo de Reserva lleva menguando poco a poco desde 2011 y que el problema de la sostenibilidad del sistema es un dolor de cabeza que no se ha solucionado. Según el informe anual del fondo, sólo quedan 14.634 millones, lo que significa que en los últimos tres años se ha gastado un 38% del fondo. Sin ir más lejos, el Ministerio de Empleo reconoció hace unos días que se había visto obligado a sacar de la hucha 13.500 millones para poder hacer frente al pago de las pensiones de 2014.
Ante dicha estadística, el sistema de pensiones ha estado abocado a continuas reformas, las dos últimas últimas por parte del PP y una anterior del PSOE. A grandes rasgos, estas modificaciones han endurecido el acceso a la pensión, con especial incidencia en el caso de las jubilaciones anticipadas.
Además, dichas reformas han incidido también en la edad legal de jubilación para acabar de forma progresiva retrasarla desde los 65 a 67 años. Por último, han creado los denominados factores de sostenibilidad, un índice que establecen cómo se deben revalorizar anualmente las pensiones y otro que ajustará las nuevas prestaciones a partir de 2019 a la esperanza de vida. Con este último factor, cuanto más crezca esta esperanza, menores serán las pensiones porque, en teoría se cobrarán por más tiempo.
Pérdida de poder adquisitivo
En los últimos dos años los pensionistas han perdido un 0,70% de poder adquisitivo. Distinto es el caso de las pensiones de viudedad, una prestación que en la última actualización (marzo) recibieron 2.349.637 personas y que permanece casi invariable desde 2011. Según sindicatos, de estas, más del 90% son mujeres y es la única nómina que reciben.
Por otro lado, al igual que ocurre con la pensión de viudedad, otro testigo que también lleva dos legislaturas sin abordarse es la inclusión del servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria como tiempo cotizado 13 años después de su supresión.
