El Tribunal de Cuentas ha denunciado el desvío de fondos destinados a la formación profesional y las políticas activas de empleo para el pago de la prestación de desempleo. Unas prácticas que ha detectado tanto en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) durante la última legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como en la Junta de Andalucía.
El informe, que el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presentó ayer ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, expone que "se ha verificado" que el Servicio Público de Empleo Estatal no reflejó en su contabilidad la existencia de una remanente generada por las cuotas de formación profesional, "que se destinó a financiar el déficit del conjunto de las prestaciones por desempleo".
Por ello, añade el Tribunal que "existe el riesgo de los fondos procedentes de las cuotas de formación profesional se destinasen a otras finalidades".
El SEPE no tenía constancia
Respecto al remanente de fondos comprometidos, el informe de fiscalización de la financiación de las prestaciones contributivas y no contributivas gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal correspondiente a los ejercicios de 2008 a 2010, verifica también que el SEPE "no tenía constancia fehaciente de que los fondos transferidos a las distintas comunidades autónomas fueran destinados a la finalidad para la que se concedieron".
Denuncia en este punto que el Servicio Público de Empleo Estatal concedió de forma directa a la Junta de Andalucía, en el marco de las políticas activas de empleo, dos subvenciones nominativas para el Plan Integral de Empleo en la Bahía de Cádiz, habiendo verificado que "las actuaciones concretas que se desarrollaron mediante estas dos subvenciones nominativas, comprendieron finalmente actividades enmarcadas tanto en el ámbito de las políticas activas de empleo como en el de las prestaciones económicas por desempleo"
Asimismo se verificó que los compromisos de crédito reconocidos por la Junta de Andalucía en concepto de carácter social ascendieron entre 2008 y 2009 a 16 millones de euros, "sin que la documentación justificativa haya permitido determinar el carácter específico de estas acciones" ni el colectivo de las personas afectadas.
Mientras, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron ayer a 16 personas, entre ellas una decena de altos cargos o exaltos cargos de la Junta de Andalucía y ha imputado a otras cinco en el marco de la operación iniciada por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía que investiga la juez Mercedes Alaya, que está bajo secreto parcial.
Los detenidos en la actuación desarrollada en las ocho provincias andaluzas podrían haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. Entre los detenidos figuran una decena de altos cargos o exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los actuales delegados provinciales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente, quienes han sido apartados de sus funciones este mismo martes.
