
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley de reforma de la formación profesional, con la que se persigue dotar al sistema de mayor transparencia para evitar nuevos casos de fraude en la impartición de cursos, tal y como adelantó ayer elEconomista. Como novedad, la reforma deja fuera a las organizaciones empresariales y a las centrales sindicales de la gestión de los fondos y de la impartición de los cursos. El Gobierno también ha aprobado 7.416 nuevas plazas para funcionarios.
A raíz de esta reforma, será el sector privado, el que desarrolle esta tarea en un entorno de libre competencia. En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que ésta es una "reforma clave, de primer orden, de las más importantes de la legislatura", y es "esencial para el acceso a un empleo".
También subrayó que la reforma supone una mejora en la lucha contra el fraude, en respuesta a los casos de corrupción llamativos que se han registrado en los últimos años.
Según la vicepresidenta, la reforma tiene un doble objetivo, por un lado, mejorar la transparencia del sistema para evitar casos de corrupción y fraude, y por otro, dotar de nuevos mecanismos para mejorar la formación y el acceso al empleo.
"No se perderá ningún euro de la formación"
Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que en el nuevo modelo habrá un proceso de evaluación permanente, pero también "tolerancia cero contra el fraude" y ha indicado que, a partir de ahora, cada euro que va a formación se dedicará a este asunto.
Bañez ha explicado que para ello habrá una Unidad especial de Inspección, dentro del ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pero también se elevan las sanciones para las empresas que utilizan de manera irregular los fondos recibidos.
La titular de Empleo ha asegurado que la empresa que "lo haga mal" durante 5 años no tendrá recursos del sistema para seguir haciendo formación en el futuro. También ha confirmado que habrá un sistema integrado de información entre Gobierno y comunidades autónomas para saber, en todo momento, "qué formación se está dando, qué personas se están formando, y en qué se está formando cada uno de los trabajadores".
A modo de ejemplo, Báñez ha recordado que con el anterior sistema el Tribunal de Cuentas detectó en 2014 que una persona llegó a hacer 150 cursos de formación en un año. "Eso ahora lo detectará el sistema en tiempo real" ha recalcado.