La futura ley que regulará la transparencia en la Administración gallega obligará a todos los altos cargos que nombre el Gobierno autonómico, incluidos los de los entes paralelos, a hacer público su patrimonio al tomar posesión y al cesar, además de comunicar sus actividades laborales en los dos años anteriores al nombramiento y las que acometan al dejar el cargo.
El presidente de la Xunta , Alberto Núñez Feijóo, también avanzó que se limitará la acción del Gobierno en funciones, que no podrá asumir nuevos compromisos de gasto salvo excepciones justificadas ni remitir proyectos de ley a la Cámara, además de regular el traspaso de poderes.
La nueva norma para regular la transparencia nace con una naturaleza "más ambiciosa" que la estatal, y se suma a las leyes ya aprobadas de financiación de partidos y de asistencia jurídica de la Administración gallega. Las tres forman parte del paquete de "cinco leyes en 50 días" comprometidas por el presidente gallego para el "impulso democrático".
De las otras dos propuestas comprometidas para fomentar la participación ciudadana y potenciar el papel del Consello de Contas en la lucha contra la corrupción se encarga el Grupo Parlamentario Popular.
Portal de transpariencia
Con la entrada en vigor de esta ley, la ciudadanía podrá encontrar en el Portal de Transparencia gallego el registro de entes dependientes, las relaciones de puestos de trabajo y cuadros de personal, el número de liberados sindicales y su coste, los acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo de los empleados públicos y los convenios colectivos vigentes, así como la relación de órganos colegiados adscritos a cada departamento y a su composición.
También se obliga a hacer pública la relación de actividades que el alto cargo en cuestión desempeñó en los dos años anteriores a su toma de posesión, introduciendo el deber de abstención en asuntos que afecten a las entidades privadas en las que formasen parte de su dirección o administración en esos años.
Otra novedad radica en la obligación de que, durante los dos años posteriores al cese, las personas que fueran altos cargos de la Xunta informen de cualquier actividad que vayan a realizar a la Oficina de Incompatibilidades.
El anteproyecto de ley también introduce la limitación de las actividades de los gobiernos en funciones y la obligación de información durante el proceso de traspaso de poderes.
Gobiernos en funciones
Así, los gobiernos en funciones no podrán enviar proyectos de ley a la Cámara gallega, autorizar convenios con el Estado ni otras comunidades, aprobar convocatorias de acceso o provisión de puestos de trabajo públicos, aprobar o modificar relaciones de puestos de trabajo ni adquirir compromisos de gasto más allá del gasto corriente o de "causas de urgencia debidamente acreditadas". En el traspaso de poderes, cada consejería deberá elaborar un informe de gestión en que se detalle información como la ejecución presupuestaria, los compromisos de gasto asumidos, las obligaciones pendientes de pago y los contratos y convenios vigentes.