El Ministerio de Empleo envió el pasado martes a los agentes sociales el texto definitivo del Real Decreto-Ley para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, que sólo recoge algunas modificaciones de carácter técnico planteadas por las patronales CEOE y Cepyme, aunque si da entrada a los agentes sociales en la Comisión de Seguimiento de los reglamentos que desarrollarán la nueva normativa.
Los cambios no modifican, sin embargo, el contenido sustancial de la reforma en cuanto a someter la formación de oferta a libre concurrencia competitiva y en lo que respecta a la separación de las organizaciones empresariales y de las centrales sindicales de la participación en la gestión de los fondos y en la impartición de los cursos.
El Real Decreto, que salvo marcha atrás de última hora aprobará mañana viernes el Consejo de Ministros, establece textualmente en su capítulo VI que "los agentes sociales dejan de participar en la gestión de fondos y en la impartición de la formación, como lo hacían hasta la fecha, dejando este papel a las entidades que imparte formación profesional y que desarrollarán esta tarea en un nuevo entorno más competitivo".
El texto , al que ha tenido acceso elEconomista explica en este punto que el papel de los agentes sociales en el sistema es objeto de modificaciones de calado, para lo que "se impulsa su liderazgo en el diseño estratégico, en la planificación, programación y difusión de la formación profesional para el empleo, especialmente en la dirigida a los trabajadores ocupados, a través de estructuras paritarias renovadas y profesionalizadas".
Estas estructuras paritarias agruparán a sectores afines "conforme al mapa sectorial que apruebe el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo" y contarán con "apoyo técnico cualificado y financiación suficiente para que puedan desarrollar las funciones encomendadas", lo que abre una vía de captación de ingresos para las patronales y los sindicatos.
La consolidación de la competencia en la oferta formativa se introduce en el artículo siete del Real Decreto-Ley que introduce "de manera inequívoca la concurrencia competitiva abierta a todos los proveedores de formación acreditados y/o inscritos, como norma general, para la gestión de los fondos destinados a financiar las programaciones formativas de las distintas Administraciones Públicas".
Tolerancia cero
Recoge también este artículo la posibilidad de que las Administraciones Públicas puedan articular un cheque formación para trabajadores desempleados con el objeto de proporcionarles la formación que necesitan. Se trata de "una herramienta novedosa que permitirá la libertad de elección entre las entidades adheridas a los dispositivos específicos que se desarrollen para su seguimiento".
El principio de tolerancia cero contra el fraude en la gestión de los fondos de formación profesional para el empleo es otro de los ejes básicos que inspiran el Real Decreto de reforma, para lo que se modifica la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social en un doble sentido:
Por un lado se amplían los sujetos responsables de las posibles situaciones fraudulentas, incluyendo a las entidades a las que se encomienda la organización de la formación de la empresa, así como a los empresarios, los trabajadores y los solicitantes de ayudas y subvenciones pública en la materia.
Asimismo se modifican los tipos infractores existentes y crean tipos nuevos a fin de adaptarlos a la normativa vigente y a la realidad social, "considerándose una infracción por cada empresa y acción formativa".
De otra parte, se establece "la responsabilidad solidaria de los sujetos que participen en la obtención fraudulenta de las ayudas, subvenciones y bonificaciones".
También se endurecen las sanciones, de manera que los beneficiarios del sistema de formación profesional para el empleo no puedan volver a serlo durante un periodo de cinco años en el caso de cometer una infracción muy grave. Estas infracciones muy graves tendrán también una multas de 6.251 a 25.000 euros cuando sean en su grado mínimo; de 25.001 a 100.005 euros en su grado medio; y de 100.006 a 187.515 euros para las de grado máximo. Las multas para las infracciones leves irán de 60 a 625 euros, mientras que para las infracciones graves las multas oscilan entre un mínimo de 626 euros y un máximo de 6.250 euros.
Finamente, y como también adelantó elEconomista, se aprueba la creación de una Unidad Especial de Inspección contra el fraude en la formación, dentro de la Dirección Especial adscrita a la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
