Economía

Grecia abona 310 millones al FMI, el primer tramo del vencimiento de marzo

El Gobierno griego ha pagado hoy los 310 millones de euros correspondientes al primer tramo del vencimiento para el mes de marzo de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), según ha informado una fuente del Ejecutivo heleno. En las dos próximas semanas, Grecia debe hacer frente a un desembolso de 1.500 millones de euros y el Eurogrupo ya ha dicho que no va a anticipar el pago de la ayuda.

Atenas ha expresado en los últimos días su disposición a satisfacer la deuda con el FMI, a pesar de la incertidumbre que rodea al país, cuyos bonos no son aceptados como garantía por el Banco Central Europeo (BCE) desde principios de febrero. 

De hecho, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, confirmó ayer que la institución ha ampliado en 500 millones de euros la liquidez de emergencia a la que pueden acceder los bancos griegos, aunque también subrayó que los bonos soberanos del país heleno no pueden ser comprados por la institución en el marco del plan de flexibilización cuantitativa al no reunir las condiciones.

Cómo se financiará

El pasado miércoles, el Tesoro griego colocó 1.137,5 millones de euros en deuda con vencimiento a seis meses por la que tuvo que ofrecer una rentabilidad del 2,97%, el coste más elevado desde abril de 2014.

Pero Grecia ya está tocando techo en cuanto al límite de emisión de letras del Tesoro (15.000 millones de euros), de modo que el Estado heleno debe buscar alternativas. Una de ellas es basarse en los ingresos procedentes de los impuestos y las cotizaciones sociales, que tampoco atraviesan, precisamente, su mejor momento. Fitch ve aún posible que Grecia salga del euro, pero descarta una crisis sistémica.

Así, en su apuro por garantizar la liquidez y hacer frente a los compromisos financieros, el Gobierno de Alexis Tsipras ha recurrido a las reservas en efectivo de varias organizaciones del Estado griego e incluso a los fondos de pensiones. Según se informaba esta semana, ya se han lanzado los procedimientos pertinentes para sacar unos 2.000 millones de euros de organizaciones estatales para las cuales no se requiere regulación de la legislación actual.

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