Hace poco más de un año, el Gobierno dio luz verde a la Ley de Desindexación de la Economía con la que pretendía desligar las variaciones de muchos servicios del Índice de Precios de Consumo. Con ello quería evitar el encarecimiento automático de alquileres, materiales de obra y servicios públicos. Y, además, invitar a empresarios y sindicatos a desvincular salarios e inflación en los siguientes convenios.
Esta norma desligaba de la inflación las tasas y servicios públicos, pero uno de los primeros efectos que ha tenido es el contrario al inicialmente previsto. Frente a la caída del Índice de Precios de Consumo (IPC), que se ha situado en el -1% en 2014, la mayoría de las administraciones ha optado por encarecer el precio de los servicios públicos.
Así, el del alcantarillado es el que más ha subido en 2014, con un alza del 4,2%, seguido de la distribución de agua (+3,3%). También han aumentado los precios y tasas vinculados con la educación a todos los niveles, desde infantil a la universidad. En todos los casos, el alza ha sido superior al 1%.
Los servicios postales también han subido, en su caso, sólo un 0,3%. El único servicio que baja es el de la recogida de basuras, aunque lo hace un 0,1%, nueve décimas menos que el IPC general.
Mención aparte tiene la electricidad. Frente a la promesa del ministro de Industria, José Manuel Soria, de que la luz bajaría en 2014, la realidad dice que se ha encarecido un 0,8% a lo largo de los últimos doce meses.
La ley de desindexación, que pretendía evitar encarecimientos automáticos de productos, también está teniendo el efecto contrario: las rebajas de precios no se están trasladando a tasas y servicios públicos.
Un método para subir la inflación
