
Madrid, Galicia y Castilla y León son partidarias de que el Tesoro coloque la deuda de todas las comunidades autónomas siempre que para ello no se les exijan nuevas condiciones. Las tres comunidades autónomas han enviado un documento a la Secretaría General del Tesoro en el que, básicamente, solicitan al Gobierno que el nuevo plan para aliviar la carga de la deuda que prepara el ministro Cristóbal Montoro no imponga requisitos extra a los Ejecutivos regionales y que, al adherirse al nuevo mecanismo, el interés que paguen las autonomías sea igual o menor al que tuvieron que afrontar aquellas que se acogieron al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). La semana que viene, Montoro propondrá a las comunidades la mutualización de su deuda.
Por otra parte, las tres autonomías rechazan que haya una hipotética quita de la deuda regional, dado que consideran que este hecho nos sacaría de los mercados financieros. En cualquier caso, los detalles del programa de mutualización se conocerán en los próximos días.
Consejo de Política Fiscal
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro convocará a las comunidades autónomas antes de fin de año para abordar, entre otras cosas, ese plan. En todo caso, esa reunión del Consejo de Política Fiscal (CPFF) se producirá antes de final de año, dado que el Gobierno tiene que llevar y aprobar en el último Consejo de Ministros de 2014 este nuevo mecanismo financiero para respaldar a las autonomías.
Así lo aseguraron, ayer, fuentes de Hacienda que recordaron, además, que el Ejecutivo ya hizo una primera mutualización en verano, cuando se mejoraron las condiciones para el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2012, 2013 y 2014, con una rebaja de los tipos al 1%, y además se aplazó a 2015 la devolución del principal.
Ahora Hacienda pretende actuar, también, sobre la otra parte de la deuda autonómica, la que no está sujeta a FLA y que paga unos intereses elevados en el mercado. La tesis mantenida hasta ahora es que las regiones que ya se financian por sí mismas y a un interés bajo sigan haciéndolo de forma autónoma, mientras que aquellas que paguen unos tipos más elevados por financiarse estén obligadas a hacerlo a través del Tesoro.
Nueve autonomías en riesgo
Precisamente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advirtió ayer en un nuevo informe de que el objetivo de déficit del 0,7% al que las CCAA deben ajustarse el año que viene es de "muy difícil consecución". En concreto, el organismo observa riesgos de incumplimiento en Aragón, Baleares, Madrid y La Rioja y alerta de que estos son "muy elevados" en el caso de Andalucía, Cataluña, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana.
De cumplirse estas perspectivas habría nueve comunidades autónomas que incumplirían el límite de déficit el próximo ejercicio, frente a las seis que lo hicieron en 2013. En el lado contrario, la Airef sitúa a Galicia, Navarra, País Vasco, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Castilla y León, para las que ven muy probable que se ajusten a la senda comprometida con Bruselas.
La Autoridad vuelve a reclamar al Gobierno que actúe de forma preventiva para obligar a las regiones a que ajusten sus gastos. "Aquellas CCAA que presentan riesgo de desviación deberían ajustar su nivel de gasto a una previsión realista de sus ingresos que tendrán que ir actualizando en caso de que se materialicen los riesgos detectados en el proyecto de presupuesto 2015", apunta en su documento.
A pesar de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla la intervención del Gobierno para impedir el incumplimiento de los objetivos, Hacienda no ha hecho uso de esta posibilidad y ha ido ofreciendo mecanismos a las regiones para que atajasen su situación.
Ingresos sobrevalorados y estancamiento
El informe de la Airef no solo cree que los ingresos previstos a nivel regional están sobrevalorados, sino que también observa un estancamiento y poca concreción en las medidas para contener el gasto.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal señala, además, que no puede pronunciarse sobre la meta de deuda porque carece de información al respecto y por la incertidumbre sobre las operaciones computables en este capítulo. También detecta una falta de rodaje en el cálculo de la regla de gasto. Por ello, el organismo pide una mayor transparencia, tanto en la fijación de los objetivos como en la información necesaria para verificar la adecuación de los presupuestos a dichas metas.