Toda la legislatura actual ha estado girando en torno a la corrupción. Y sin embargo, en estos tres años no se han aprobado -ni, lógicamente, aplicado- las principales medidas concretas que se anunciaron a bombo y platillo a su comienzo. En el primer debate de Rajoy sobre el estado de la nación, en febrero de 2013, el presidente del Gobierno ya anunció una gran batería de medidas... que quedó en poca cosa. Y al tercer año, Rajoy resucitó en el evangelio de la transparencia.
En aquel debate, Rajoy ya anunciaba dos leyes que han vagabundeado por el parlamento hasta hoy: la ley de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos y el Estatuto del Cargo Público. En diciembre de 2013 se aprobaban ambos anteproyectos de ley, y en febrero de 2014 llegaban al Congreso de los Diputados, pero todavía no se han convertido en norma; con el pretexto de negociar los términos de ambas leyes, se ha prorrogado reiteradamente el plazo de enmiendas.
Tras aquel debate, el PP pactó con una varios grupos la creación de una "comisión independiente, formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia". Nunca más se supo, ni siquiera se volvió a hablar del asunto.
Junto a los dos proyectos de ley mencionados, Rajoy anunció una reforma del Código Penal y otra de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La primera llegó al Congreso el 24 de septiembre de 2013, pero todavía permanece durmiente, mientras se ha prorrogado también reiteradamente el plazo de enmiendas. De la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, nada se sabe.
Sí se ha aprobado y promulgado, en cambio, la ley de Transparencia, que para muchos es totalmente insuficiente para garantizar sus fines. Curiosamente, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, vital para el desarrollo de la ley y formada por siete miembros, tiene un presidente -presidenta, en este caso- elegida por mayoría simple en lugar de por mayoría cualificada, en contra de lo que es usual en esta clase de órganos, en nuestro ordenamiento y en el europeo.
El 31 de agosto pasado, el Gobierno recuperó su idea de conseguir un pacto amplio contra la corrupción. El Partido Socialista se ha negado, aunque se ha comprometido a apoyar las medidas con las que coincida, si bien presentará una batería de propuestas propias. Es difícil que, con este relato a las espaldas, el PP encuentre ahora apoyos políticos para resolver lo que no ha sabido solucionar a lo largo de la legislatura, en medio de una gran irritación social por lo que está ocurriendo.
Mañana, jueves, el presidente del Gobierno acude el parlamento a la insólita tarea de presentar de nuevo las dos leyes de 2012, la ley de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos y el Estatuto del Cargo Público. La oposición pretendía un pleno monográfico sobre la corrupción pero se ha optado por el otro formato. Con suerte, en el año que queda de legislatura, se podrán sacar adelante ambas normas y quizá la reforma del Código Penal, pero no hay tiempo para mucho más.
Los expertos jurídicos piensan que, en lugar de semejante periplo, el Gobierno hubiera dado pruebas de verdadera voluntad de acabar con la lacra de la corrupción mediante unas cuantas medidas eficaces, como por ejemplo incluir en el Código Penal, con severas penas de cárcel, una nueva figura, la financiación ilegal de los partidos políticos, de forma que el político que fuese sorprendido con dinero negro para la actividad política terminara entre rejas. Asimismo, si se facilitara la tipificación del delito de cohecho, hoy muy difícil de probar, se daría un paso de gigante en la criminalización de las conductas impropias.
Estamos, pues, sumidos en un mar de retórica que no convence a nadie ni es realmente eficaz para prevenir los escándalos que nos han saturado. Sea como sea, de que el partido gubernamental consiga o no credibilidad en este asunto dependerá el futuro del sistema de partidos. De momento, la amenaza de Podemos se cierne amenazadora sobre el bipartidismo.
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Los tres años de Rajoy