El presidente Mariano Rajoy y su Gobierno han respondido con mano tendida pero con guante de hierro al nuevo envite de Artur Mas, con quien están dispuestos a negociar una salida personal airosa, en forma de mayor autonomía fiscal y mayores inversiones, siempre que este acepte la legalidad y no convoque la consulta el 9 de noviembre en ninguna de sus formas. Análisis: ¿Quién manda en Cataluña?
El propio Rajoy reafirmaba una vez más que está dispuesto a "hablar de todo" siempre que las conversaciones se desarrollen dentro de la ley y la Constitución.
El presidente del Gobierno pronunciaba estas palabras a su llegada a las jornadas "Restaurando la Competitividad", antes de la comparecencia de Artur Mas en las que anunciaba la convocatoria de una consulta descafeinada el 9 de noviembre, y después de conocer la decisión de la Generalitat, la noche anterior, de no celebrar el referéndum, que Rajoy calificó de "excelente noticia"
Mas explícito fue el ministro de Economía, Luis de Guindos, que al término de la reunión del Ecofin señalaba que el Gobierno español "tiene la mano tendida" al presidente Mas para ayudarle a "buscar una salida a su situación actual" si acata la legalidad, y "lo que es legal y lo que no es legal lo determina fundamentalmente el Tribunal Constitucional".
Como avanzó elEconomista el pasado 17 de septiembre, la oferta de negociación de Rajoy incluye las propuestas "razonables" de las 23 que le presentó Artur Mas en la reunión ambos mantuvieron el pasado 30 de julio en La Moncloa, entre las que figura la revisión del sistema de financiación autonómica aumentando los ingresos transferidos a Cataluña por liquidaciones y anticipos, además de la cesión a la Generalitat de la gestión del 0,7 por ciento del IRPF destinado a fines sociales.
Reforma de la Constitución
Otras de las propuestas de Mas sobre la que trabaja en estos momentos el Gobierno se dirigirían a facilitar el cumplimiento del objetivo de déficit del 0,7% del PIB para 2015 a través de la transferencia a Cataluña de unos 1.200 millones de euros. Esto se haría en concepto de compensación por la supresión de la tasa sobre los depósitos bancarios y para liquidar los pagos pendientes que el Ejecutivo catalán reclama por las transferencias correspondientes al año 2008.
A estas medidas se añadirían más inversión en infraestructuras y otras de ámbito lingüístico, administrativo y judicial, encaminadas a un mayor reconocimiento de la realidad nacional de Cataluña.
También podría abrir la puerta el Gobierno a una reforma de la Constitución, y en este punto en círculos próximos al Ejecutivo recuerdan las palabras de Rajoy, el pasado 29 de septiembre, para anunciar los recursos de inconstitucionalidad a la Ley de Consultas y la convocatoria del 9-N.
"Las leyes se pueden cambiar, pero siempre por los cauces democráticos establecidos. Quien desee modificar esta situación tiene toda la libertad de plantear una reforma de la misma: proponerla en los términos democráticamente establecidos y conseguir los apoyos necesarios para sacarla adelante", dijo textualmente el presidente del Gobierno.
Junto a estas propuestas de diálogo, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, no descarta volver a recurrir al Tribunal Constitucional la nueva fórmula de consulta que plantea el Ejecutivo catalán, al tiempo que recordaba que el Consejo de Estado ya dejó claro en su dictamen que el Gobierno catalán no puede utilizar los artículos de la Ley de Consultas relativos a encuestas y procesos de participación ciudadana para "otro tipo de cosas". Junqueras rompe con Mas y le exige elecciones anticipadas de inmediato.
"El presidente de la Generalitat tiene que reflexionar. Precisamente él, su Gobierno y sus socios están en esta situación por abrir caminos contrarios a la ley. Antes de hacer nuevas propuestas tendría que atender a esto", apostilló.
9-N: la votación alternativa de Mas
