MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha elevado un informe al Gobierno en el que realiza una serie de recomendaciones dirigidas al conjunto de las administraciones públicas con el fin de evaluar y mejorar la normativa aplicable a los distintos mercados, tras detectar que existen regulaciones ineficientes desde el punto de vista de la competencia en varios sectores económicos.
La CNC destaca en dicho informe que para que un marco normativo sea eficiente debe respetar siempre una serie de principios que contribuyan a "minimizar" la carga para la actividad económica y los eventuales perjuicios que ello puede causar sobre la competencia en el mercado.
En opinión de la CNC, resulta "imprescindible" adoptar medidas que obliguen a los legisladores a identificar las restricciones a la competencia que introducen en las normas, a justificar la necesidad de las mismas, su proporcionalidad y su carácter de mínimo, en definitiva, a justificar que su contribución al marco normativo es eficiente.
Competencia estima que este tipo de ejercicio, que se concretaría en una memoria de competencia para cada acto normativo, no debería limitarse a las leyes propuestas o aprobadas por la Administración Central y de un cierto rango, sino que debería aplicarse a todo tipo de normas y a cualquier ámbito de la administración, incluidas las comunidades autónomas.
En este sentido, la CNC advierte de que, a menudo, las restricciones a la competencia no se introducen en los textos básicos, sino fundamentalmente en su normativa de desarrollo. En el informe, la CNC detecta que dichos principios de regulación eficiente en lo que concierne a la competencia se incumplen en algunos sectores económicos.
Así sucede, a su juicio, en el sector de la distribución comercial en lo referente a la licencia autonómica para la apertura de grandes superficies comerciales o en el sector del transporte de mercancías por carretera por los requisitos para la obtención de autorización para el transporte pesado, así como en la posibilidad de fijación de precios por parte de la Administración Pública.
También observa incumplimientos en el ámbito de la negociación colectiva por la inclusión de cláusulas comerciales en los convenios colectivos, en el sector energético, en lo que se refiere al acceso al mercado de comercializadores en el sector eléctrico y de gas natural y en el acceso de distribuidores de gas natural a redes de terceros y en el ámbito de la contratación pública por la obligación de constituir uniones temporales de empresarios o por los criterios de adjudicación de contratos.