Quedan poco más de quince días antes de que expire el plazo -el 31 de julio- para que todas las empresas actualicen sus nóminas y empiecen a cotizar por todas sus remuneraciones, también por el salario en especie. Una novedad contra la que, por una vez, comparten pancarta patronal y sindicatos: ambos critican que el único fin sea recaudatorio.
En lo que no se ponen de acuerdo es, sin embargo, en las cifras. La CEOE calcula que por estos conceptos la Seguridad Social debería de ingresar en sus arcas 2.500 millones de euros anuales. Eso a corto plazo, porque según afirma Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales, con este giro de política "los empresarios en cuanto podamos nos iremos descolgando de este tipo de conceptos hasta que sean historia".
Enfrente de la mesa esta vez se sientan el Gobierno y los sindicatos, que barajan una inyección de algo más de 900 millones de euros. "Lo comido por lo servido con la tarifa plana, esto no es lo que necesita el sistema", argumenta Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas.
Tampoco lo avalan del lado de los expertos, que ponen punto y final al baile de cifras con una estimación media de unos 1.500 millones. "La idea en sí no es mala pero volvemos a comenzar la casa por el tejado. Echo de menos una reforma radical, es decir, eliminar los regímenes especiales -que un minero cotice lo mismo que un banquero- y acabar con todos las lagunas que existen en el sistema", explica Javier Díaz-Giménez, profesor IESE.
Negociación colectiva
Pero además, los representantes de trabajadores y empresarios acusan al Ejecutivo de encallar la negociación colectiva. En este sentido, desde la CEOE aseguran que estaban estudiando "incrementos salariales que ahora van a paralizar". Los sindicatos, si bien recogen esto último con algo de recelo, sí que reconocen que este paso unilateral del Gobierno se inmiscuye en aspectos de la negociación que "ya estaban encaminados".
El relato es acorde también a lo que cuenta el Ministerio hasta un punto. Empleo sí que sostiene que se metió en medio pero para garantizar que los trabajadores siguieran cobrando prestaciones dignas en caso de paro o baja. "Queríamos erradicar una tendencia que se estaba extendiendo con la crisis de bajar sueldos y, en paralelo, pagar hasta un 40% de la nómina en tíquets comida".
Parece, sin embargo, que fuera de la fotografía, de esta "protección", se quedan una vez más las rentas altas, o más bien, su salario en especie, respaldado por la ley de presupuestos que establece un tope máximo de cotización de 3.597 euros. Es decir, los sueldos altos que ya coticen por encima de este límite apenas sentirán la medida.
Faltan por conocer algunos detalles
En todo caso, en unos días se publicará el reglamento de desarrollo de esta medida que se incluyó en el Real Decreto-ley 16/2013 para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores y que, aunque fue convalidada este enero, ha suscitado dos prórrogas una para mayo y esta última para julio.
Esto es, antes de fin de mes conoceremos si finalmente pasarán a cotizar además de las ayudas a la comida, las aportaciones de planes de pensiones o los pluses de transportes, otros conceptos como la educación de los hijos de centros educativos o las primas de antigüedad que, en un principio, tras un tiro y afloja entre las partes, parecían haberse quedado fuera.
Desde el Ministerio de Empleo son tajantes, "nosotros hemos hecho el real decreto a conciencia y en este se establece que la base de cotización estará constituida por toda la remuneración total tanto en metálico como en especie".
Queda aún por saber qué efectos reales tendrá este paso en el escenario laboral, es decir, si además de suponer una inyección para el estado, esta nueva protección a los trabajadores se convierte en un escudo real o si, en línea con el espíritu de las advertencias de Bruselas, aumentar las cotizaciones se convierte en un repulsivo para el empleo.
Por lo pronto, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Báñez, en este primer semestre se han contabilizado 1.364 descuelgues de convenios colectivos.
El Gobierno anuncia retoques en la norma
