Exige que un tercio de los consejeros de los comités de nombramientos, remuneraciones y riesgos sean independientes
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El PNV quiere que el Banco de España envíe a las Cortes los resultados de los test de estrés que se realizará a todas las entidades financieras españolas al menos una vez al año para comprobar su nivel de solvencia, y que se sumará al examen que el Banco Central Europeo (BCE) practicará antes de asumir sus nuevas responsabilidades como supervisor único.
Así se recoge en una de las nueve enmiendas parciales que los nacionalistas vascos han presentado en el Congreso al proyecto de ley de Ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, y que ha recogido Europa Press.
En concreto, la formación 'jeltzale' pide que, junto con la memoria de las actuaciones que hayan dado lugar a medidas de intervención o sustitución en entidades financieras, el Banco de España también envíe a las Cortes Generales "los resultados agregados de las pruebas de resistencia" que se lleven a cabo, "tan pronto como estén disponibles".
RIESGOS SISTEMICOS
Para dar cumplimiento a la recomendación sobre mandato macroprudencial de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de diciembre de 2011, el PNV plantea añadir una nueva disposición al proyecto de ley en la que el Ejecutivo se comprometa a poner en marcha en un plazo máximo de ocho meses un Consejo de Estabilidad Financiera.
Este órgano debería encargarse de proteger el sistema financiero en su conjunto mediante la "identificación y mitigación de los riesgos sistémicos", de modo que pueda alertar ante futuras crisis del sector o de alguna de sus entidades más importantes.
Por otra parte, el PNV propone "reforzar la presencia y el poder de decisión de los consejeros independientes" modificando tres artículos para que al menos un tercio de los consejeros que formarán parte de los nuevos comités de riesgos (en las entidades en las que el Banco de España exija su existencia), de nombramientos y de remuneraciones sean independientes, incluyendo entre ellos a los presidentes de dichos órganos de control interno. En el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, sólo se prevé que estos consejeros no desempeñen funciones ejecutivas.
En relación con este tema, se plantea otra enmienda para modificar el redactado del artículo relativo a los requisitos de idoneidad que debe cumplir quien aspire a ser consejero en una entidad bancaria para "dar un mayor énfasis a la aplicación de políticas de igualdad". Así, en lugar de plantear que en los procedimientos de selección no haya "obstáculos a la selección de consejeras", los nacionalistas vascos proponen que estos procesos "faciliten la selección" de mujeres.
RESPETO AL MARCO COMPETENCIAL
Por último, el Grupo Vasco ha presentado tres enmiendas al mismo punto del proyecto de ley con el objetivo de garantizar que se respetan las competencias autonómicas en esta materia.
La primera opción que se plantea es incluir explícitamente que "las comunidades que hayan asumido competencias en materia de ordenación del crédito y banca la ejercerán respecto de los bancos que desarrollen, con carácter exclusivo o principal, su actividad bancaria" en dicha región, entendiendo como actividad principal que sea "superior a la realizada en el conjunto de los demás territorios". Asimismo, se precisa que los gobiernos autonómico serán competentes respecto de las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito con domicilio social en su territorio.
De no aceptarse esta opción, el PNV propone la alternativa de que se incluyan entre la legislación básica aplicable a las entidades de crédito las normas dictadas por las comunidades autónomas, o como tercera opción sugiere una combinación de ambos textos.
En la justificación de estas enmiendas, los nacionalistas vascos acusan al legislador estatal de haber "impedido por acción y omisión el ejercicio por las comunidades autónomas de competencias que les corresponden, toda vez que no ha operado o no ha operado de forma adecuada las modificaciones para ajustar el ordenamiento jurídico en el ámbito de las entidades de crédito y financieras al nuevo sistema de distribución competencial" emanado de algunos estatutos de autonomía y ratificado por sentencias del Tribunal Constitucional (TC).
Según el PNV, estas competencias no se circunscriben únicamente a materias de disciplina e intervención, sino que inciden también en materia de entidades sujetas a la normativa regional, por lo que exigen que se "corrijan las extralimitaciones". Asimismo, reclaman que se asignen a la autoridad autonómica las competencias legislativas y de ejecución sobre las cooperativas de crédito, fijando el domicilio social como "único punto de conexión" y "sin perjuicio de la competencia estatal para fijar las bases".
Las enmiendas del grupo serán debatidas por su portavoz económico, Pedro Azpiazu, durante la tramitación parlamentaria, cuyo próximo paso tras el debate de totalidad que tuvo lugar en el Pleno de la Cámara Baja del pasado jueves es la presentación de enmiendas parciales hasta el día 21 de marzo y el debate en la Comisión de Economía con competencia legislativa plena.
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