El Gobierno central está trabajando en una nueva fórmula para que las Comunidades Autónomas puedan asumir deudas de las entidades locales. Así lo manifestó el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en el desayuno organizado por el diario elEconomista bajo la dirección técnica de Fitch Ratings, en el que también participaron representantes de las comunidades de Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias.
Beteta subrayó que esta medida estará lista antes de verano, pero que "para ello es preciso remover algunos acuerdos de Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación de cuál es el límite máximo de deuda permitida para las comunidades autónomas que asuman estas deudas". Así, explicó que esta nueva fórmula surge a raíz del "problema endémico" de las deudas que tienen las comunidades autónomas con los ayuntamientos, "que ascendían a 1.200 millones de euros al cierre de 2013".
"Ninguna autonomía por sí sola puede conseguir la financiación que obtiene la Administración del Estado", aseguró Beteta. La propuesta de Hacienda se podría plasmar a través de Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que por lo menos estará vigente hasta 2020, o a través de una herramienta similar.
La confianza de los mercados
La dificultad para encontrar financiación en los mercados o el hecho de que, hasta hace no mucho, estos no diferenciasen entre las CCAA que estaban en una situación algo mejor y las que no, obligaron al Ejecutivo a diseñar este fondo. Hacienda inyectó 70.000 millones a las comunidades autónomas, de los que 40.000 millones corresponden al FLA y 30.000 millones a los fondos destinados a pagar a proveedores. Beteta aseguró que con estos 70.000 millones "se han salvado empleos y se ha aliviado tensión social". Pero advirtió que esta situación no se va a repetir y que los gobiernos autonómicos no podrán recurrir de nuevo al Estado si vuelven a incurrir en mora: "Ya no habrá más planes de pago; luego ya sólo habrá aplicación de la ley y las sanciones" que correspondan por el atraso en los pagos.
Beteta considera que el FLA puede ser rechazado como tal, porque muchas autonomías lo identifican con un instrumento de rescate. Con el nuevo sistema de financiación tratarán de dar respuesta a la necesidad de obtener la confianza de los mercados.
De todos modos, las regiones que se negaron a adherirse a él están demostrando que pueden lograr esa financiación por sus propios medios. El caso más evidente lo encontramos en la Comunidad de Madrid, que en un mes refinanció toda la deuda que le vence este año, y que asciende a 3.635 millones. La región emitió 3.000 millones de euros (1.400 millones a 5 años y otros 1.600 a 10 años), un hecho sin precedentes por el importe colocado, la rebaja en los intereses (hasta el 2,87% en el de cinco años y al 4,12% en el de diez años) y por el corto espacio de tiempo entre las dos emisiones.
El consejero de Economía y Hacienda madrileño, Enrique Ossorio, incidió en que la región "mantiene una política financiera que persigue aprovechar las mejores ventanas de liquidez para poder diseñar una estrategia financiera óptima en plazos, precios e instrumentos".
Además, el consejero madrileño insistió en la importancia de "no confundir" el sistema de financiación autonómica con las balanzas fiscales, que indican "qué gasta el Estado en cada territorio" y "qué recibe el Estado por impuestos en cada territorio".
También señaló que "no hay que condicionar la financiación por las balanzas fiscales".
Si las balanzas fiscales "se hacen bien", lo que sucede es que Madrid es la región que paga "más impuestos" y que recibe "muchos menos gastos". En concreto, según la balanza que ha hecho la Comunidad, se gastan "12.000 millones de euros menos de los que los madrileños pagan" a través de sus impuestos.
El consejero también explicó que el sistema de financiación autonómica (puesto en vigor en 2009 y que ha acabado su vigencia en el año 2013) consiste en "los recursos que reciben las comunidades autónomas para poder prestar servicios públicos como la sanidad o educación". En este sistema, algunas CCAA "han sido muy perjudicadas" y Madrid, en este sentido, ha sido la "peor" parada en los últimos años.
"Somos la que ha evolucionado peor en financiación por habitante", afirmó Ossorio. A pesar de ello, el consejero señaló que desde el Ejecutivo regional "siempre se ha sostenido que la solidaridad es buena y que las regiones más ricas tienen que aportar dinero" para que las más pobres puedan prestar los servicios necesarios.
Reducción de déficit
El secretario de Estado de AAPP no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a las comunidades el colosal esfuerzo que han realizado durante los dos últimos años para reducir el déficit. Sólo en el último ejercicio, señaló Beteta, han bajado el gasto en 15.700 millones de euros. Un esfuerzo que, a juicio de Juan Bernal, consejero de Economía y Hacienda de Murcia, no ha terminado, pues "seguiremos con un problema de déficit y deuda durante años". Son las consecuencias de una crisis que para la Región de Murcia ha supuesto incrementar su deuda en 4.000 millones de euros en estos años, al pasar de 1.700 millones a 5.700 millones.
Todos los asistentes al desayuno coincidieron en que el esfuerzo hecho por las comunidades autónomas se ha realizado más por la parte del gasto que de los ingresos, lo cual es el verdadero problema que ahora afronta el sistema de financiación autonómica, lo mismo que ocurre con el Estado y las Administraciones Locales.
No obstante, Bernal quiso dejar constancia de que el verdadero problema que hay en España es el fraude fiscal. " Es un problema que hay que abordarlo y cuanto antes se haga mejor. En este país hay muchos nichos de actividad económica que están sumergidos, y esto solamente se puede controlar desde la Administración del Estado", aseguró.
Trato desigual
Por su parte, el consejero de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, denunció que "el actual sistema de financiación trata de manera desigual a las comunidades autónomas, es insuficiente para cubrir servicios fundamentales, no potencia el Estado del Bienestar y tampoco potencia la autonomía y corresponsabilidad fiscal". "Nosotros somos eficientes y estamos ofreciendo a costes muy ajustados unos servicios públicos que cuentan con un alto grado de eficiencia y aceptación por parte de los valencianos, pero nuestra capacidad de ahorro tiene un límite, ha llegado un momento en que no podemos ajustar más la eficiencia", aseguró Moragues.
Por eso, el consejero abogó por un nuevo modelo de financiación autonómica "más justo y equitativo, transparente y no discriminatorio, que arranque de un punto de consenso que todos aceptamos, como es que, con independencia de la comunidad autónoma en que resida, cada ciudadano español tenga el mismo derecho a los mismos servicios, tanto si hablamos de prestaciones de desempleo o discapacidad, como en prestaciones de educación o sanidad". Y entiende que "hay aprender de nuestros errores y cambiar el modelo de gestión, porque el cumplimiento del objetivo de déficit ha de venir por la vía de los ingresos, en materia de gastos queda muy poco recorrido".
En opinión del viceconsejero de Hacienda y Planificación, Jesús Velayos, la prioridad en estos momentos es trabajar juntos "en un nuevo modelo de financiación acorde con la Constitución, que permita dar los servicios públicos fundamentales de una manera igualitaria a todos los españoles y que permita reducir las diferencias de renta; es decir, un sistema justo.
Los representantes de las diferentes comunidades mantuvieron que las deficiencias del sistema de financiación les obligaron al comienzo de la crisis a endeudarse para cubrir gasto corriente, una situación que según Guilhem Costes, director senior de Fitch Ratings, llevó a la entidad a bajar la calificación de las comunidades autónomas, pues "con un ahorro bruto negativo, no se puede tener una calificación de inversor", aseguró Costes. Por ello, la Ley de Estabilidad Presupuestaria es "un elemento fundamental y muy positivo, porque supone tener una disciplina fiscal.
Sistemas forales
Ante la reiterada queja de la Comunidad de Madrid de que el cálculo del Cupo vasco y la aportación navarra son insuficientes y no cubren los servicios que se les prestan, Beteta aseguró: "Vamos a mantener los sistemas forales en Navarra y País Vasco" porque así está establecido en la Constitución.
El secretario de Estado de AAPP se mostró dispuesto a conseguir que estas dos comunidades hagan una adecuada aportación a la caja general y recordó que en el último ejercicio el ingreso del Estado por el Cupo aumentó un 60%. Beteta quiso dejar claro que ninguna otra comunidad (como ha propuesto Cataluña) podrá acogerse al sistema foral.
En la reunión quedaron patentes las distintas ópticas de las comunidades autónomas, según su grado de riqueza. Unos intereses contrapuestos que, como explicó Beteta, tienen que asegurar unos servicios básicos en todo el territorio para todos los españoles con independencia de donde residan. Por lo tanto, "el nuevo sistema debe mantener la corresponsabilidad fiscal, con unos impuestos eficientes y que no rompan la unidad de mercado", concluyó Beteta.
Más límite al gasto autonómico
