El Gobierno comenzará a elaborar a lo largo de 2014 el sexto sistema de financiación que se aprobará en nuestro país y que los analistas y los técnicos de Hacienda estiman que debe limitar obligatoriamente el gasto de las comunidades autónomas y que estará condicionado por el desafío independentista en Cataluña y las reformas pendientes.
El pasado 18 de diciembre el Ministerio de Hacienda dio luz verde, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) al grupo de trabajo que abordará una reforma compleja, con no pocas aristas políticas y económicas. El grupo podrá hacer propuestas y buscar las aportaciones de expertos en la materia, de forma que, a final de año, publiquen sus conclusiones al respecto. En principio, el nuevo modelo entraría en vigor en 2015, si bien, algunas medidas podrían hacerlo previamente.
La base para elaborar el nuevo marco de financiación, al que deberán ajustarse las CCAA, será la reforma fiscal que el Ejecutivo tendría lista, en principio, antes de que concluya el primer semestre y en el que deberá ajustarse el reparto de los ingresos a las previsiones de recuadación.
Durante unas jornadas sobre la futura reforma de la financiación, organizadas recientemente por UPyD en Madrid, el director general de Tributos y Juego de la región, Fernando Prats apostó por ajustar varios elementos del actual modelo que, según denunció, no es un sistema de corresponsabilidad fiscal, sino uno encubierto de costes.
En su opinión, los criterios de reparto para la población ajustada no responden al coste de prestación de los servicios estándar. Al mismo tiempo, entiende que el nuevo modelo debiera buscar más transparencia y aplicar un cálculo justo de las necesidades de financiación.
Privilegios forales
Mientras, Ángel de la Fuente, analista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), asegura que el sistema tiene un problema muy grave de equidad y presenta un reparto muy desigual entre regiones. Más aún, apuesta por entrar cuanto antes en el tema de los privilegios forales.
El analista del CSIC lamenta que el sistema actual ha ido evolucionando a partir de parches, dando como resultado un modelo excesivamente complejo, poco transparente e injusto, por lo que si la reforma solo va a complicarlo es mejor no tocarlo. Lo cierto es que esa reforma se acometerá en circunstancias muy complicadas, a causa de la crisis, de los ajustes y del desafío independentista catalán.
Una opinión parecida es la expresada por el secretario general de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre, quien pone en evidencia que en España el tema de la financiación autonómica se ha resuelto particularmente mal.
Aún así y pese a las críticas generalizadas, de la Torre defiende que sí existe solidaridad en el actual sistema, al menos si se excluye (una vez más) la sobrefinanciación de las autonomías forales. A los Inspectores les preocupa especialmente el hecho de que la coordinación del modelo de financiación ha generado muchos problemas con los impuestos.
Recalcan, en concreto, que los grandes tributos siempre se cobran mejor de forma centralizada. Los expertos señalan otro problema del modelo actual. No es viable esperar dos años para ver si las transferencias que se realizaron en un ejercicio determinado, y que en muchos casos están infladas, se cumplen o no.
A parte de un problema de reparto, el sistema plantea otro con la cuantía global del gasto de las autonomías, y esto en un momento en que, de acuerdo con las previsiones económicas (al margen de lo que puedan aportar al respecto los cambios tributarios), no parece previsible que la recaudación vaya a ser mayor en el corto plazo de que la que tenemos actualmente.
Precisamente en materia impositiva, Francisco de la Torre lamenta que la Comunidad de Madrid siga impidiendo que haya una imposición patrimonial en España. Así, recuerda que sólo en la comunidad autónoma presidida por Ignacio González se recaudaron el 38,5% de los ingresos totales de la amnistía fiscal.
No pocos economistas se preguntan hasta qué punto la reforma del sistema de financiación debe incluir una reforma de determinados tributos que están descoordinados o presentan diferencias sustanciales entre CCAA. Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Patrimonio engloban los principales comentarios al respecto.
Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, también es partidario de estrechar la diferencia entre el sistema común y el foral. A nivel impositivo incide en que la fórmula de los tributos cedidos parece poco ambiciosa pero que, sin embargo, sí es bastante razonable.
López Laborda hace hincapié en que no existe convergencia en el impuesto de Sociedades, y en que, de cara al futuro más próximo, habría que aclararse sobre lo que hacer con otros dos tributos: Patrimonio y Sucesiones.
Sobre el primero, Patrimonio, defiende que, dado que es un impuesto sobre las rentas del capital, si éstas estuvieran gravadas adecuadamente en el IRPF podría prescindirse de él. En relación a Sucesiones, considera que es un tributo indiscutible para garantizar la equidad horizontal entre individuos.
El catedrático de la Universidad de Zaragoza vería con buenos ojos que, para facilitar la financiación de las CCAA, se ampliase el porcentaje de cesión de tributos, pero únicamente en la imposición indirecta. Esta medida serviría, en la práctica, para dar algo más de holgura a las más ricas.
La maraña de los fondos
El actual sistema de financiación, aprobado en el año 2009 por el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, creó cuatro fondos para compensar las diferencias de ingresos entre las distintas autonomías: Garantía, Suficiencia, Cooperación y Competitividad.
De esta forma, el Fondo de Suficiencia global ha venido actuando como mecanismo de cierre del sistema, tratando de asegurar que todas las necesidades de las comunidades autónomas se iban cubriendo a través de su capacidad tributaria y de las transferencias de los fondos.
En función de este sistema, criticado por buena parte de los expertos y por no pocos gobiernos regionales a causa de su complejidad, Madrid y Baleares son las únicas autonomías que aportan de forma neta al modelo.
Aportan: Madrid y Baleares
En concreto, Madrid aporta en total 2.553 millones, dado que según los últimos datos disponibles, transfiere 2.793,58 millones al Fondo de Garantía y recibe 240 millones del Fondo de Suficiencia.
Mientras, Baleares aporta en conjunto 577 millones, puesto que contribuye con 398 millones al Fondo de Suficiencia y con otros 179 millones al de Garantía.
El presidente madrileño, Ignacio González. se queja de que desde 2009 Madrid ha perdido un 8 por ciento de sus ingresos a causa de la financiación vigente. Esto supone contar con 1.000 millones menos, cifra que, según lamenta, se elevará a los 1.300 millones en 2014.
Cataluña
No es de extrañar que Cataluña asegure compartir algunos de los postulados de Madrid, de cara a la futura reforma. La Generalitat reclama un modelo "más claro, transparente y coherente", y en el que cada autonomía aporte en función de su capacidad económica. Su responsable de Hacienda, Andreu Mas-Colell, ya señaló que respalda muchas de las demandas del presidente de la Comunidad de Madrid, como su petición de acelerar al máximo la citada reforma.
Comunidad Valenciana
Si el factor que se mide son los euros por habitante, una de las financiaciones más bajas desde el año 2002 es también la de la Comunidad Valenciana. El consejero del ramo, Juan Carlos Moragues, calcula que cada año su territorio recibe 200 euros por habitante menos que la media, y esto equivaldría a unos 1.000 millones anuales de desventaja. La financiación recibida en 2012 fue de 8.321 millones cuando el presupuesto de sanidad y educación era de 9.541.
Asturias
El presidente de Asturias, Javier Fernández Fernández, pidió recientemente al Gobierno Central que fijase un suelo o un mínimo común para los impuestos territorializados, con el fin de acabar con la asimetría existente entre comunidades autónomas. En su opinión, esta formula serviría, además, para asegurar recursos con los que financiar adecuadamente el Estado de Bienestar.
Castilla y León
Tras la última reunión del CPFF de 2013, la consejera de Hacienda de Castilla y León incidió en que "no se puede hacer un reparto tan simple como el per cápita, que no recoge las diferencias de costes por tener población más envejecida o una superficie más grande que 17 estados miembros de la UE". Del Olmo explicó, además, que si su autonomía tuviera la estructura de población media española, gastaría un 12% menos en Sanidad.
Canarias
Reclama una reforma profunda del modelo Canarias, en tanto que, según sus propios cálculos, habría perdido 2.200 millones en los tres últimos ejercicios liquidados, a causa de las deficiencias del actual sistema. Su consejero de Economía, Javier González, manifestó su esperanza de que se abra de una vez la revisión del sistema y que tenga plena vigencia en el ejercicio 2014, independientemente de cómo se acuerde.
Galicia
Sí tiene claro el escenario más adecuado para abrir este debate es el líder de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien ha pedido abiertamente al Ejecutivo de Mariano Rajoy que convoque una Conferencia de presidentes autonómicos, al entender que es el mejor marco para discutir problemas como el "blindaje del Estado de bienestar".
Galicia ha venido reclamando de forma continuada un modelo que tenga en cuenta cómo influyen en la prestación de los servicios públicos esenciales factores que le son tan familiares como la dispersión de la población, su envejecimiento o el declive de la demografía.
Aragón
El mismo discurso defiende Aragón, tal y como detalla su consejero, José Luis Saz, quien apunta que "Aragón tiene un 10 por ciento del territorio nacional, pero solo un 3% de la población". Las características de su territorio hacen que sea mucho más costoso llevar la sanidad o la educación al medio rural.
Andalucía
La consejera de Hacienda de la Junta, María Jesús Montero, criticó que en la última reunión del CPFF no se iniciase el debate sobre la reforma del sistema estableciendo ya unos plazos, e incidió en que la evaluación del actual modelo ya va tarde. "Es urgente la reforma del sistema de financiación para que las CCAA tengamos más recursos para el Estado del Bienestar", defendió Montero ante el parlamento regional.
Extremadura
Su postura no dista mucho de lo que defiende la comunidad autónoma de Extremadura, cuyo presidente, José Antonio Monago, apuesta por que el nuevo modelo surja de un diálogo multilateral y garantice tanto "la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, como la nivelación de servicios".
Murcia
El presidente de la región, Ramón Luis Valcárcel, ha lamentado en numerosas ocasiones los esfuerzos que debe acometer su autonomía, que recibe 252 millones anuales menos que la media de las comunidades autónomas. Es por este motivo que el líder murciano siempre se ha mostrado partidario de una nueva financiación "sin federalismos", en la que "no haya ciudadanos de primera y de segunda".
Otras posiciones
Solicita con insistencia Castilla-La Mancha que el nuevo modelo se pacte con el mayor consenso posible, a la luz de las discusiones y quejas que genera el actual sistema. El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, también defiende que la nueva financiación alcance el mismo nivel de apoyo que la aprobada con el anterior gobierno del PP (que contó con el apoyo de todas las CCAA). Mientras, un informe de la Universidad de Cantabria (UC) aconseja al gobierno regional que en ese debate haga valer sus singularidades frente a regiones más ricas que, según alerta, querrán aportar menos al fondo común de solidaridad.
Vuelta del Impuesto de Patrimonio
