Los bancos deberán dar un preaviso de tres meses antes de que cancelen su financiación
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El Gobierno aprobará este viernes en el Consejo de Ministros un paquete de medidas para fomentar la financiación a las pymes para que estas puedan aprovechar la incipiente recuperación económica al margen de la banca.
Así lo avanzó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su intervención inicial en el Debate sobre el estado de la Nación. El líder del Ejecutivo advirtió de que es fundamental "allanar" el acceso a la financiación para rebajar el paro, que alcanza a alrededor el 26% de la población activa.
En este sentido, el Gobierno prevé fijar más garantías para las empresas, a través de una obligación de preaviso de las entidades financieras de "al menos" tres meses cuando se vaya a cancelar o reducir notablemente la financiación de las pymes.
La financiación no bancaria también se fomentará mediante una mejora del régimen de emisión de obligaciones, de titulizaciones y de inversores institucionales.
Con este objetivo, el Consejo de Ministros prevé aprobar también la llamada 'Ley Ascensor', que articula procedimientos reglados para que una empresa que va ganando tamaño pueda ir accediendo a formas de financiación cada vez más sofisticadas. Desde fondos de inversión, pasando por el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), hasta llegar a la Bolsa.
Otra de las medidas para lograr este objetivo será la modificación de la legislación de capital riesgo para crear una nueva forma de inversión, el capital riesgo-Pyme. Esta medida incluirá "grandes ventajas" desde el punto de vista financiero para los inversores, según adelantó Rajoy.
El Gobierno además reformará la normativa concursal, con el fin de facilitar y acelerar que las empresas con viabilidad reestructuren su deuda, puesto que el Ejecutivo quiere evitar que compañías con capacidad para generar empleo pero fuertemente endeudadas acaben desapareciendo.
La intención de Rajoy pasa por favorecer que las empresas viables alcancen acuerdos concursales. Para ello, se ofrecerá la posibilidad de que los acreedores puedan convertir deuda en capital social. El Ejecutivo considera que así se permitirá un intenso desapalancamiento de las empresas con viabilidad.
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