La reforma del sistema de supervisión financiera anunciada el jueves por Pedro Solbes dista mucho de ser fácil. La complejidad de la operación pone en jaque al Banco de España, a la actual CNMV y a la dirección general de Seguros y requerirá reformas legislativas profundas en leyes sustantivas cuyo cambio llevará, por lo menos, hasta finales de este año, aunque es posible que finalmente se resuelva por medio de un decreto-ley.
Para hacerse una idea, baste señalar la Ley de Autonomía del Banco de España, la Ley del Mercado de Valores, La ley Financiera, la ley de Ordenación de Seguros y la Ley del Seguro, entre otras muchas.
Un aspecto especialmente espinoso lo presenta también la cuestión de personal, ya que debería producirse un intercambio de efectivos, cada uno con un estatuto laboral diferente. Los funcionarios del Banco de España tienen su propio fuero; los de la Dirección General de Seguros son funcionarios del Estado y el personal de la CNMV goza, asimismo, de un estatuto particular de personal laboral. La formación específica de estos colectivos aconsejaría los intercambios de personal para no perder eficacia y profesionalidad y no crear interinidades, pero algunos trabajadores perderían con los cambios.
Otro de los aspectos controvertidos del nuevo sistema de supervisión financiera tiene que ver con la distinta financiación de los actuales actores. El Banco de España se financia con su propia operativa y con tasas por servicios. La CNMV, también con tasas. Una de las inquietudes que suscita el cambio de supervisor entre las empresas es si no supondrá finalmente un encarecimiento de esas tasas para pagar los servicios recibidos de los supervisores.
Tampoco es desdeñable el problema político que puede introducir el cambio en los supervisores. Algunos estatutos de autonomía reconocen cierta capacidad normativa y de supervisión de entidades financieras. Estas regulaciones tienen carácter de ley orgánica. Por otro lado, no es nueva la intención de algunos partidos nacionalistas de intentar colocar representantes autonómicos en los consejos del Banco de España y de la actual CNMV. Una vez abierto el melón legislativo, el Gobierno tendría que hacer encaje de bolillos para contentar a los nacionalistas o al PP.
Por último y no por ello menos importante, habrá que reformular la delicada ecuación solvencia frente a transparencia, un asunto especialmente delicado para compatibilizar la máxima información sobre las operaciones de toda clase de mercados e instrumentos financieros con la discreción que impone la preservación de la solvencia.
