El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, ha anunciado hoy que el Ejecutivo autonómico cobrará a partir del próximo año una tasa a la banca por sus depósitos bancarios, aunque se aplicarán bonificaciones a las cajas rurales de la Comunidad Valenciana.
Císcar, que ha realizado este anuncio en el transcurso de su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, ha insistido además en que la Generalitat velará para que las entidades bancarias no repercutan este impuesto a sus clientes, posibilidad que, ha asegurado, está prohibida expresamente.
"Teníamos nuestras dudas, había ciertas reticencias porque estaba pendiente una impugnación de esta tasa ante el Constitucional, pero dado que se ha levantado esa suspensión y se ha dado vía libre a esta tasa, nosotros también la aplicaremos", ha explicado.
De hecho, a finales de octubre, el Gobierno valenciano anunció que había incluido en los Presupuestos de la Generalitat para 2014 este impuesto a las entidades financieras -ya implantado en Extremadura, Andalucía, Canarias, Asturias y Cataluña- con el que prevé ingresar 230 millones de euros, por si al final se levantaba la suspensión.
El pasado mayo el Tribunal Constitucional acordó levantar la suspensión provisional al impuesto a los depósitos bancarios en Cataluña, acordada tras admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad planteado por el Ejecutivo.
El levantamiento de la medida provisional acordó al cumplirse el plazo de cinco meses previsto por la ley para que se prolongue o levante la suspensión, ya que la admisión a trámite fue adoptada por el Constitucional en enero.
El tribunal, sin embargo, no se pronunció sobre el fondo del asunto -que afecta a otras regiones que ya aplican esta tasa-, es decir, si las comunidades autónomas pueden o no gravar lo mismo que ya hace un impuesto de rango estatal, puesto que el Gobierno aprobó en diciembre de 2012 un gravamen del 0% sobre los depósitos en los bancos para evitar que cada autonomía pueda tener una tasa propia.
La autorización de Montoro
En cualquier caso, el mes pasado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en declaraciones a elEconomista señaló que las comunidades autónomas que así lo deseen podrán aplicar un impuesto a la banca, en función del volumen de sus depósitos bancarios en la región, ya que Hacienda está dispuesta a ceder en sus pretensiones de que este tributo tenga carácter nacional. Según el ministro de Hacienda "no puede ser que un impuesto que no es muy importante se convierta en motivo de confrontación".
El Gobierno introdujo en la Ley de Medidas Tributarias que acompañó los Presupuestos de 2013 un impuesto sobre la banca en función de sus depósitos con un tipo del 0%. De este modo, y dado que dos administraciones no pueden gravar un mismo hecho imponible, Hacienda evitaba que Andalucía, Extremadura y Canarias, las autonomías que ya lo habían implantado, pudieran seguir recaudándolo y evitar que se extendiera a otras comunidades, como Cataluña, que lo aprobó días antes de que lo hiciera el Estado, o Asturias, que lo había incluido en sus Presupuestos de 2013.
Además, interpuso un recurso contra todos estos impuestos regionales ante el Tribunal Constitucional, que provocó suspensión cautelar de los mismos, a la vez que las autonomías recurrieron, a su vez, el impuesto estatal.
Ahora, tras varias resoluciones del Constitucional en las que se levanta las suspensiones cautelares impuestas a algunas autonomías, Hacienda se replantea su postura inicial y más al no considerar el impuesto especialmente importante. El gravamen del impuesto nacional es del 0,02% y la recaudación prevista de entre 250 y 300 millones de euros.
El ministro admite así que "ahora mismo se trabaja en todas las hipótesis". Y esas hipótesis pasan por ser más flexible con la aplicación autonómica del impuesto, que en algún caso, como el extremeño, lleva años aplicándose.
Un presupuesto realista