Economía

Economía/Laboral.- IU-ICV exige retirar la reforma de las pensiones y negociar una nueva con la vista en 2032

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha presentado en el Congreso catorce enmiendas parciales al proyecto de ley de reforma de las pensiones con las que exige que se retire en su totalidad el factor de sostenibilidad, se mantengan el IPC como índice de revalorización anual y se abra una nueva negociación con la vista puesta en que entre en vigor en el año 2032.

Según critica en sus textos, que recoge Europa Press, el Gobierno 'popular' está "utilizando la crisis como argumento para acelerar" la puesta en marcha de un factor de sostenibilidad que estaba ya previsto para el año 2032 y que ahora podría empezar a funcionar en 2019, a pesar de que este adelanto "no está justificado" ya que no supondrá ningún ahorro en el corto plazo.

Por eso, la coalición reclama que se supriman todos los artículos relativos al factor de sostenibilidad --que vincula la cuantía inicial de la pensión a la esperanza de vida en el momento de entrar en el sistema-- y que se afronte la evaluación de los factores demográficos de empleo, productividad y cualquier otro en el ámbito del diálogo social y el Pacto de Toledo, analizando explícitamente la realidad específica de los discapacitados.

"Que la Seguridad Social española necesita reformas es una realidad. Pero es incomprensible la falta de diálogo y negociación real, que tiene su origen en los compromisos firmes asumidos por el Gobierno con la troika en contrapartida a las ayudas recibidas para el rescate bancario", achaca la Izquierda Plural.

EL IPC COMO INDICE DE REVALORIZACION

En el mismo sentido, IU-ICV-CHA exige que se mantenga la actual redacción de la Ley de la Seguridad Social para que el IPC siga siendo el índice de revalorización anual de las pensiones contributivas y para mantener también la paga compensatoria única por la diferencia entre el incremento anual de la pensión y la inflación definitiva de noviembre.

Para el resto de pensiones, se exige una revalorización periódica en la que el Ministerio tenga en cuenta no sólo el aumento medio de los salarios, el IPC y la evolución general de la economía, sino también los beneficios empresariales y la evolución de la fiscalidad general, siempre con la vista puesta en dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar unas pensiones "adecuadas y suficientes".

CONSEGUIR MAS INGRESOS

Para frenar esas pretensiones, también se proponen algunas medidas que permitan incrementar los ingresos de la Seguridad Social en el corto plazo y hacer así frente a la insuficiencia que el sistema sufre como consecuencia de la crisis económica, el paro y las "políticas suicidas de austeridad" del Ejecutivo.

En concreto, se plantea al Gobierno que estudie junto con sindicatos, patronal y partidos políticos la posibilidad de incrementar temporalmente los tipos de cotización por contingencias comunes (desempleo, cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional), manteniendo la proporción de aportación que actualmente hacen trabajadores y empresas.

También se sugiere que en un plazo de seis meses el Ejecutivo presente al Congreso un informe que, en el marco de la política fiscal del Estado, proponga "medidas concretas para establecer un sistema de estimación directa de ingresos por las actividades económicas o profesionales", de modo que la base de cotización de este colectivo sea igual a sus ingresos, como ya sucede con los trabajadores por cuenta ajena.

IU-ICV-CHA plantea que, a partir de 2014, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se hagan cargo de los gastos de personal y administración de la Seguridad Social, que el año próximo sumarán 2.326 millones de euros; y de las reducciones de cuotas comprometidas por el Gobierno, que equivalen a otros 774,59 millones de euros que debe abonar el sistema.

En el medio plazo, haría falta que el Pacto de Toledo y los agentes sociales acordaran con el Ministerio un plan de empleo específico para recuperar los puestos de trabajo destruidos con la crisis y reducir la tasa de paro, de forma que la Seguridad Social "recupere un nivel de ingresos por cotizaciones sociales adecuado" en el máximo de un año, y también un plan de lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal y a la Seguridad Social en un plazo de seis meses.

Asimismo, se debería empezar a negociar la asunción progresiva por parte de las arcas públicas de las prestaciones derivadas de muerte y supervivencia.

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