El juez de bancarrota Steven Rhodes comienza hoy a escuchar las razones de acreedores y administradores de la ciudad de Detroit para determinar si la ciudad puede acogerse a la mayor suspensión de pagos de una ciudad en la historia estadounidense.
Se espera que el desfile de testigos a favor y en contra de la bancarrota se prolongue durante cinco días, para que finalmente la Justicia determine si Detroit, con unos 18.000 millones de dólares en deuda a largo plazo, cumple los criterios para acogerse al capítulo 9 de la ley de bancarrota.
La ciudad debe demostrar que es insolvente y que ha negociado de buena fe con sus acreedores, frente a la oposición de sindicatos de trabajadores, fondos de pensiones y otro tipo de prestamistas que se oponen a asimilar pérdidas.
En marzo, el gobernador de Detroit, Rick Snyder, nombró a un gestor de emergencia, Kevyn Orr, para que la ciudad pusiera sus cuentas en orden, quien en verano solicitó la protección por bancarrota, algo que enfadó a un gran número de acreedores, que asumirían más del 90% de pérdidas.
