Los ingresos públicos se han reducido en casi 50.000 millones de euros desde que comenzó la crisis hace ya seis años. En 2012, representaron el 36,4% del Producto Interior Bruto (PIB), cerca de diez puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea. Montoro avanza que los ingresos tributarios han crecido un 3,1% hasta agosto.
El Gobierno se ha tenido que plegar a la presión, tanto a escala nacional como internacional, para aplicar las reformas necesarias con la esperanza de que llenen las arcas públicas sin apagar la débil luz de la recuperación económica.
Pero aumentar los ingresos fiscales, entre los más bajos en Europa, implica tomar una serie de complicadas decisiones políticas, actuando sobre un público exhausto por la recesión sin poner en peligro las posibilidades de mantenerse en el poder. Los retos de España: una más que necesaria reforma fiscal.
"Nuestro sistema fiscal, sencillamente, no sirve", piensa el presidente de la organización de inspectores fiscales IHE, Ramses Pérez Boga. "No proporciona al Estado los recursos que necesita, especialmente en períodos de crisis económica, cuando aumentan las prestaciones de subsidio por desempleo", añade.
Fuentes cercanas al Tesoro, expertos contables e inspectores fiscales opinan que, en lugar de aumentar más los impuestos, el Gobierno podría centrarse en ampliar su base fiscal después de que su apoyo electoral se haya reducido a la mitad desde su llegada al poder a finales de 2011, cuando prometió no subirlos.
Según los expertos, es posible que la reforma incluya la eliminación de ciertas desgravaciones fiscales en el impuesto sobre la renta o sobre los ingresos de sociedades, incluyendo complejos reglamentos fiscales para pequeños empresarios.
La Organización Profesional de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) defiende una reforma fiscal "de calado" que limite las deducciones, elimine los problemas de coordinación con las comunidades autónomas y evite la rivalidad impositiva entre ellas.
La reducción de los ingresos fiscales es particularmente dolorosa para un país que, incluso después de recortes en el gasto público, continúa luchando para reducir uno de los déficit públicos más altos de la zona euro.
Los déficit estructurales se han hecho evidentes cuando disminuyeron los ingresos fiscales relacionados con la burbuja inmobiliaria, dificultando cada vez más al gobierno la tarea de pagar las pensiones y unos subsidios por un desempleo récord.
Eliminando vacíos legales
En los últimos meses, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea pidieron a España que acometiera reformas en su sistema de impuestos, centrándose en ampliar su base fiscal.
"La recaudación de ingresos no se está haciendo de una manera muy eficiente. El balance entre el tipo impositivo y la cuantía recaudada no es muy bueno", señaló en junio James Daniel, el director del equipo destinado por el FMI para España.
El Gobierno planea "una revisión muy generalizada" de todo el sistema fiscal y, de hecho, a principios de junio, nombró a un comité de expertos económicos y académicos para que en febrero de 2014 presenten una propuesta de reforma "integral y completa" del sistema tributario.
Fedea estima que, en 2012, algunos vacíos legales permitieron a las empresas esquivar 2.600 millones de euros en pagos de impuestos potenciales, mientras las deducciones en el impuesto sobre la renta ascendieron a 10.300 millones de euros.
"Los tipos impositivos en España son ya relativamente altos, pero los ingresos públicos son bajos. Esto se produce por un gran número de exenciones fiscales que deben ser eliminadas", dijo Ignacio Conde-Ruiz, economista en Fedea.
La teoría, más fácil
El impuesto de sociedades es del 30%, por encima de la mayoría de los países desarrollados, pero la recaudación es de un 1,9% del PIB frente al 2,7% de media en la Unión Europea. Así, la recaudación en España por este impuesto solo representa el 10% de los ingresos públicos.
Los ingresos fiscales corporativos se han reducido un 21,5% desde la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008 y la correspondiente caída de los beneficios.
Las grandes empresas españolas han acelerado su expansión extranjera, seguidas por las medianas empresas, contabilizando una mayor parte de sus beneficios fuera de las fronteras españolas.
Un análisis de Reuters de las 35 mayores compañías españolas muestra que el número de filiales extranjeras registradas en países con regímenes fiscales favorables se dobló de 273 en 2009 a 517 en 2012, un proceso que los expertos fiscales tildan de perfectamente legal.
"Hay una tendencia global en los impuestos corporativos para registrar una proporción más baja de beneficios", apunta un experto en Madrid en una empresa de contabilidad internacional. "No se espera que los ingresos fiscales de las empresas en España vuelvan a marcar los máximos registrados durante la burbuja", añadie.
¿Aumento en el IVA?
La recaudación se ha visto afectada por una elevada tasa de paro, superior al 26%.
El Gobierno quizá opte por reducir el número de tramos fiscales, aunque el presidente Mariano Rajoy ya prometió bajar en 2015 la subida temporal del IRPF y rebajar el tipo impositivo para los salarios más bajos.
Una tercera opción es la de impulsar la recaudación del IVA, la segunda principal fuente de ingresos después del IRPF, al representar algo menos de una tercera parte de los ingresos estatales. Bruselas se queja de que el sistema español permita que muchos artículos solo paguen el impuesto superreducido, con un tipo impositivo del 4%.
Tres años de flojas ventas minoristas han golpeado los ingresos por el IVA, además de una economía sumergida estimada en una quinta parte del PIB.
Aumentar el número de artículos que paguen el tipo normal del IVA del 21% podría ser arriesgado políticamente, especialmente después de una subida de este impuesto en tres puntos el año pasado, y causaría una situación difícil para Rajoy, que prometió no tocar el IVA en el futuro.
El Gobierno ya ha comenzado a poner en marcha algunas medidas para aumentar los ingresos, incluyendo subidas de impuestos temporales. Además, el ejecutivo español ya dijo en junio que eliminaría las desgravaciones fiscales corporativas.
Los inspectores piden una reforma de calado
