Por fin la gran noticia se confirma, el Gobierno se muestra dispuesto a encargar a una comisión un análisis del entramado fiscal español y sobre todo un estudio en profundidad que permita llevar a cabo una gran reforma del sistema impositivo. La fiscalidad, los impuestos, son mucho más que la contribución de los ciudadanos al mantenimiento de la sociedad, son un arma económica poderosísima, un sistema que debe no solo garantizar una sostenibilidad del sistema, una reasignación de rentas, sino un recurso terriblemente eficaz en materia de crisis como la que por desgracia nos está tocando vivir.
Después de que el Gobierno, con Rajoy a la cabeza, desechando su programa electoral o una parte del mismo que le proporcionó una mayoría absoluta sin precedentes, optará por subir impuestos, especialmente a la clase trabajadora de este país que tiene una nómina, parece que la lógica y el raciocinio vuelven. Nuestro sistema fiscal está anticuado, es injusto, da lugar a interpretaciones, no promueve el crecimiento y además no garantiza su utilización para evitar caídas de actividad o enfriar posibles burbujas.
Un vez más hay que repetirlo, desde Europa se nos reclama consolidación fiscal, no mantener un nivel de gasto público improductivo lleno de duplicidades e inapropiado, intentando recaudar más, estamos empezando a rayar la confiscación de rentas. Confiscación que en algunas autonomías parece ya una realidad, aunque para eso ya está la demagogia de los independentistas, los cuales no asumen sus errores sino que crean enemigos donde no existen.
El espíritu de esta posible reforma viene desde lo más profundo del Partido Popular: FAES. La polémica llegó cuando Aznar cuestionó la subida de impuestos, acento que Esperanza Aguirre se había encargado de señalar y propagar. Antes habían sido muchos los foros, instituciones y medios de comunicación que desde el primer momento señalaron con el dedo la inoportunidad de subir el IRPF. Nuestro gobierno a través de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ha incrementado la carga fiscal hasta situar a nuestro país a la "honrosa u honorable" cabeza de los países de la OCDE en cuanto al aumento de carga fiscal soportada. Como contrapartida tenemos una de las recaudaciones más baja de la Eurozona. Resultado: caída de las bases imponibles, una menor recaudación, una menor efectividad de los impuestos como arma contracíclica de la economía.
Mientras tanto mantenemos una diferencia muy considerable de nuestra economía sumergida frente a nuestros socios europeos. La economía sumergida es un misil a línea de flotación de un país que se dice avanzado, destruye empresas, prestaciones, agujerea las arcas públicas y aumenta la destrucción de la clase media de este país, el mayor logro que desde la caída de la dictadura se ha producido en este país. Por cierto la caída de las bases imponibles, el considerable derrumbe de la recaudación, muestra la inutilidad de subir impuestos como arma frente al déficit. Cierto que esta crisis se ha generado por el aumento del crédito privado el cual nos ha empobrecido, pero también que la subida de los impuestos, una vez más, especialmente, soportada por los que tienen nómina ha contribuido a este efecto. Son muchos los que creen que el aumento impositivo ha retrasado nuestra salida de la crisis, algo que debería hacer pensar y mucho a la hora de llevar a cabo esta profunda reforma tan necesaria y conveniente.
La posible modificación afectará a dos impuestos directos clave: IRPF e Impuesto sobre Sociedades. En el primer caso se trataría de rebajar las cuotas de gravamen, eliminando las múltiples exenciones, deducciones autonómicas y demás escapes legales que constituyen puertas de ineficacia. Sería oportuno eliminar el recargo complementario actualmente prorrogado y que en principio solo se iba a aplicar para los ejercicios del 2012 y 2013, además de rebajar el tipo marginal máximo hasta el entono del 40%. A partir de aquí las posibilidades son varias, sistema de tarifa progresiva pero eliminando las ineficiencias actuales, reducción de los tramos a dos o máximo tres ampliando los mínimos personales exentos, continuando con el modelo dual que privilegia la tributación del ahorro y la inversión, motores de crecimiento a largo plazo.
En cuanto al IS lo primero sería reducir los tipos de gravamen que son de los más altos entre los países comunitarios, eliminando las deducciones y regímenes especiales que desvirtúan totalmente las bases imponible, solo deberían continuar las que realmente son eficaces en cuanto a inversión para aumentar la competitividad y la creación de empleo. Donde más margen de subida existe es en el IVA, pero la misma se debería llevar a cabo tan solo si se rebajasen las cotizaciones sociales e IRPF, ello porque es necesario disminuir la carga fiscal aparejada al trabajo. A pesar de las recomendaciones de Bruselas no se debería contemplar la supresión del tramo súperreducido, los productos que agrupa son de tremenda necesidad y afectan considerablemente a las rentas más bajas o a las de personas amparadas por la ley de dependencia. Incluso habría que estudiar la posibilidad de incorporar un tipo reducido o súperreducido a los productos culturales. Son cambios necesarios y que el momento actual obliga a llevar a cabo lo antes posible puesto que fortalecería e impulsaría la esperada y anhelada salida de la grave crisis actual.
Miguel A. Bernal Alonso, coordinador del Departamento de Investigación del IEB.
