El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado, para su debate en la Comisión de Empleo del Congreso, una proposición no de ley en la que exige al Gobierno que anule las sanciones interpuestas contra los jubilados que no declararon su pensión en el extranjero desde el año 2008, alegando que no se trata de una estafa, sino de falta de información clara por parte de la Agencia Tributaria (AEAT).
"Este colectivo de afectados jamás recibió información en relación a la obligación de declarar dichas pensiones. Desconocían por completo que debían declararlas, lo que deja patente que en ningún momento hubo intencionalidad de fraude, lo que es suficiente argumento para solicitar la eliminación de las sanciones interpuestas. Además, no se les expidió ninguna certificación por parte del país pagador en relación a las cantidades percibidas", explica Olaia Fernández Davila, la portavoz de los nacionalistas gallegos.
Además, la diputada gallega expresa su "sorpresa" por el tiempo que ha tardado la AEAT en reclamar estas cantidades, pendientes en teoría desde 2008, y critica que la Agencia Tributaria no haya dado soluciones a los afectados, sino que "únicamente hable de dar mayores plazos para el pago".
Sin embargo, los afectados por esta situación están empezando a recibir requerimientos de pago de los cinco años (de 2008 a 2012) acumulados, lo que "complica verdaderamente la situación" por las elevadas cuantías que suponen para unos ciudadanos con unos ingresos reducidos.
