Economía/Energía.- Funciva propone que el Estado asuma las anualidades del déficit de tarifa y los costes "sociales"

La fundación pide un pacto de Estado sobre energía y un mecanismo de incentivos fiscales para las nuevas tecnologías

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La fundación Ciudadanía y Valores (Funciva) ha publicado este jueves un documento sobre el sector eléctrico en el que propone que el Estado asuma costes de la tarifa eléctrica como las anualidades del déficit de tarifa o las "compensaciones sociales" que se cargan al consumidor y que son "ajenas al sector".

Además, reclama un pacto de Estado en el Congreso que fije los objetivos energéticos hasta 2035 y la eliminación de la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR), así como un nuevo mecanismo de incentivos fiscales para la inversión en "nuevas tecnologías".

Aparte de estas medidas, encaminadas a acabar con el déficit de tarifa, Funciva propone un nuevo modelo de regulador, más transparencia de cara al ciudadano, precios reales de la energía y una legislación sintetizada como pasos para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria.

La fundación también se muestra partidaria de revisar la estructura de peajes o apostar por tecnologías maduras con el objetivo de mejorar la eficiencia del mercado, así como de promover una planificación estratégica en el sector energético.

Aparte de la lucha contra el déficit de tarifa, la seguridad jurídica, la eficiencia del mercado y la planificación, identifica la incorporación planificada de nuevas tecnologías y la eficiencia energética como las principales prioridades del sector eléctrico.

El informe ha sido coordinado por el catedrático del Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza y académico de la Real Academia de Ingeniería (RAI), César Dopazo, y ha contado con la participación de Eloy Alvarez Pelegry, Juan de la Cruz, Norberto Fueyo, Juan Luis López Cardenete, Conrado Navarro y Pedro Rivero como coautores.

Funciva también alude a algunas de las principales amenazadas energéticas nacionales, entre ellas la dependencia de importaciones energéticas del exterior, cercana al 80%.

Además, alude a la mala legislación, a la regulación "errática,

cambiante y reactiva para salir al paso de emergencias o problemas absurdamente generados", y a "unas actuaciones jurídicas cuestionables y causantes de diferentes niveles de inseguridad" como otros de los aspectos de preocupación.