Huesca, 26 jul (EFECOM).- La titular del Juzgado de Instrucción no 1 de Monzón ha resuelto inhibirse en la tramitación del procedimiento penal abierto contra el gerente del Grupo Meflur, Bernabé Noya, por un presunto fraude fiscal de 60 millones de euros, y dar traslado e la causa a la Audiencia Nacional al considerar que la trama denunciada implica a empresas ubicadas en distintos puntos del país.
Fuentes judiciales confirmaron a EFE la decisión adoptada por la instructora del caso a instancias de la Fiscalía de Huesca, que sustentó su denuncia contra el grupo empresarial en una investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria oscense sobre las operaciones comerciales de la corporación, que facturó el año pasado alrededor de 450 millones de euros.
En su escrito, el ministerio público argumentaba que la causa implica a otras empresas ubicadas en puntos diversos del territorio español, por lo que el ámbito territorial de investigación excedería los límites de actuación del juzgado oscense y correspondería a los de la Audiencia Nacional.
El auto de inhibición fue recurrido de forma inmediata ante el mismo juzgado instructor por los servicios jurídicos del Grupo Meflur al entender que la decisión carece de "coherencia" con la denuncia de la fiscalía, que sitúa a Monzón, sede principal de la sociedad, en el centro de la supuesta trama defraudatoria.
Desde la representación legal de esta corporación se aseguró a EFE que desde la fecha de interposición de la querella, el pasado mes de noviembre, no se había practicado ninguna prueba ni tomado declaración al responsable de la empresa, situación que habría provocado, explicaron estas fuentes, una situación de indefensión para su cliente que habría causado repercusiones negativas al grupo.
Al parecer, la situación económica de Meflur se habría visto afectada recientemente por una reciente inspección fiscal de la Agencia Tributaria a una de las sociedades vinculadas al grupo, Xtreme Tech, y a la decisión de la administración de retener el IVA durante el proceso, que habría incidido de forma negativa sobre la liquidez de la firma y provocado la extinción de quince empleos.
Desde el Grupo Meflur se cifra en 14 millones de euros el montante total de las cuotas de IVA retenidas por la Hacienda pública a lo largo de los procesos de inspección abiertos contra la sociedad en los últimos años.
La denuncia interpuesta asegura que entre 2001 y 2004 el Grupo Meflur defraudó, presuntamente, una cantidad próxima a los 60 millones de euros mediante la creación de "sociedades pantalla" encargadas de adquirir productos de telecomunicación en empresas diversas de la Unión Europea.
La supuesta mecánica defraudatoria consistía en la creación de empresas pantalla encargadas de adquirir teléfonos móviles en operaciones intracomunitarias para su posterior venta a bajo precio al Grupo Meflur.
Estas sociedades pantalla, según recoge la denuncia, repercutían a Meflur en sus facturas el IVA soportado en las operaciones de compra a vendedores europeos, pero no lo ingresaban en Hacienda, por lo podían ofrecer sus productos por una cantidad inferior a sus competidores, alrededor de un 16 por ciento menos. EFECOM
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