Detrás de la relajación de la prima de riesgo hay mucho más que una recuperación de la credibilidad. Implica para un Gobierno, ante todo, la liberación de una ingente cantidad de recursos (cerca de 7.300 millones en 2013 en el caso español) hasta entonces atrapados por la obligación de pagar intereses, y la recuperación de la iniciativa en su propia agenda de actuaciones. No en vano el Ejecutivo de Mariano Rajoy lleva desde el pasado verano preparándose para la llegada de un momento tan importante, que puede salvar su Presupuestos para este año, aun cuando las previsiones que les sirven de base estén ya enterradas.
Pese a que entonces, entre julio y agosto, aplastaba a España todo el peso de un diferencial histórico de 640 puntos básicos con respecto al bono alemán, el Gobierno empezó a hacer rcálculos sobre lo que podría extraerse, en dinero contante y sonante, de la "enorme sensibilidad" que la economía muestra a la evolución propia de la prima de riesgo.
La cita literal está sacada de las páginas del Plan Presupuestario 2013-2014 que el Ministerio de Economía ultimaba entonces y en el que se simuló un escenario en el que el castigo aplicado a la financiación del Reino de España disminuyera 200 puntos básicos. La prima de riesgo bajó ayer de 300 puntos por primera vez desde febrero de 2012.
Predominó la cautela en la estimación y se previó que ese aflojamiento se produciría en un plazo de dos años. Pese a la ausencia de prisas, el ahorro estimado para el primero de los ejercicios ascendía a 4.500 millones de euros. En el segundo los recursos que ya no absorbería el pago de intereses llegaría a 7.500 millones. En total, 12.000 millones entre los dos años, de acuerdo con los cálculos de Economía.
Desde entonces, se han cruzado en el camino un Banco Central Europeo (BCE) que prometió hacer "todo lo posible" para salvar el euro y, no menos importante, una Alemania que empieza a ver en sus propias cifras de exportación las consecuencias de la política de austeridad que impuso a la periferia de la zona del euro. En otras palabras, en mucho menos de un año, la prima ha perdido cerca de 340 puntos básicos y eso no puede dejar de engordar la extra que puede recibir el Ejecutivo durante el ejercicio. Tomando como base el modelo de cálculo de Economía, y extrapolándolo a la nueva situación, de caída superior a 200 puntos, es previsible que la extra para el Gobierno llegue a los 7.300 millones.
Excusa para tranquilizarse
Con el respaldo de una cantidad así es comprensible la tranquilidad con la que el ministro Luis de Guindos reconoció, ante la grabadora de un medio generalmente al acecho de España como el The Wall Street Journal, que el PIB español podría caer un 1,5 por ciento este año. En efecto, casi compensaría la mengua de 10.000 millones de euros que, en términos absolutos, va a experimentar la economía y no tendría problemas para cubrir el descenso de, aproximadamente, 3.500 millones que sufriría en paralelo la recaudación por impuestos.
Como si ya lo previera, el ministro de este último ramo, Cristóbal Montoro, aseguró ayer en la sesión de control al Gobierno en el Senado que "la caída de la prima de riesgo es el preludio de la recuperación de la economía en su conjunto".
Y no es un escenario descabellado en la medida en que puede cerrarse todo un círculo virtuoso, en el que el extra de recursos estimule el PIB, el crecimiento afloje todavía más la prima de riesgo y esto, a su vez, reduzca todavía más el lastre del pago de intereses de la deuda, lo que volverá a repercutir sobre la producción.En 2014 la partida que puede ahorrarse el Estado tiene visos de que alcanzará los 12.750 millones.
La pregunta clave, a partir de ese momento, es qué dirección dará el Gobierno a ese recién abierto flujo dinerario. Cabe la posibilidad de que sea la gasolina que ponga en marcha el motor de las tan cacareadas reformas estructurales, aun pendientes en un país que, como balance de 2012, arroja una disminución oficial del déficit que no ha logrado pasar de 24.000 millones de euros, pese a los sacrificios exigidos a la población.
Revés judicial
Cabe también la opción de que el dinero liberado se destine, meramente, a tapar los agujeros que ha dejado la ineficiencia de algunas de los cambios ya puestos en marcha. Es el caso del sistema de cotización del empleo a tiempo parcial, el cual ha resultado anulado por una sentencia del Tribunal Supremo. Ese revés judicial, según declaró ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, supondrá un coste anual que ascenderá a 1.900 millones.
Montoro y el preludio de la recuperación
