
Eurostat, la agencia estadística comunitaria, validará hoy la cifra de déficit español. No se esperan sorpresas. Se prevé que ronde el 7%, en concreto el 6,98% del PIB. La confirmación por parte de la agencia estadística supone el pistoletazo de salida -al menos oficial- para las negociaciones sobre los objetivos de reducción del déficit público.
En muchos círculos se da casi por descontado que al final nuestro país dispondrá de dos años más de los inicialmente previstos, pero la luz verde aún se hace esperar. Con el dato del déficit certificado, la Comisión Europea (CE) puede confirmar que España no cumplió la meta del 6,3% establecida para 2012 y se abrirá un proceso relativamente corto que, según confía el Gobierno, podría llevar a Bruselas a ampliar hasta 2016 el plazo para rebajar la cifra por debajo del 3%.
Por ahora, España debe reducir el agujero presupuestario al 4,5% en 2013 para situarlo en el 2,8% en 2014.
La CE quiere esperar a tener entre sus manos el programa de estabilidad y el plan nacional de reformas que el Gobierno español aprobará el próximo día 26 de abril para ver el esfuerzo que pretende hacer el país durante los próximos ejercicios, así como a las previsiones macroeconómicas de primavera que la institución comunitaria publicará el próximo 3 de mayo antes de tomar una decisión.
Antecedentes
En sus últimas previsiones económicas, a finales de año, la Comisión Europea consideraba con los datos disponibles hasta este momento que España iba a cerrar el año con una cifra muy cerca del 7 por ciento, número que se dispara hasta el 10,3 si se contabilizan las ayudas a la banca.
A pesar de esto, el Ejecutivo comunitario ha decidido contabilizar el denominado "déficit estructural" y no el "nominal". Por eso, no se tiene en cuenta a la hora de abrir un procedimiento de infracción por déficit excesivo el coste del saneamiento bancario por considerar que es un imprevisto que los Gobiernos deben asumir de manera inapelable. De esta manera, también se intenta evitar castigar a los ciudadanos a través de tijeretazos por los errores de la banca.
Misión de expertos
En el debate sobre el Estado de la Nación, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que España iba a cerrar el año en el 6,74 por ciento. Aunque el Gobierno español puede disponer de más datos que el Ejecutivo comunitario, altos funcionarios de Bruselas reconocían fuera de micrófono sus dudas sobre esta cifra tan baja ya que semanas antes la Comisión calculaba que este dato estaría muy cerca del 7 por ciento. Eurostat envió una misión de expertos a Madrid para recabar información sobre el terreno, como un procedimiento habitual antes de la validación del mes de abril.
Las discrepancias no tardaron en llegar. El Gobierno anunció, a través de la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, que debido a un cambio metodológico de la agencia europea "instado por Eurostat en los últimos días" la cifra se disparaba hasta el 6,98 por ciento, muy cerca de lo que creía el equipo de Olli Rehn.
Para la Comisión, no ha habido ningún cambio inesperado de método. En la confección de la cifra del 6,74 España no había contabilizado ciertas devoluciones tributarias. La justificación del equipo de Montoro estriba en que esta contabilización debe realizarse en el momento de abonar los pagos, aún pendientes al cerrar el año, y que esta es una manera de que haya un mejor control. Sin embargo, para el Ejecutivo comunitario las normas de Eurostat explican claramente que esto no se puede hacer.
Desgraciadamente, no es la primera vez que las sospechas sobre los números se ciernen sobre España. Con el cambio de Gobierno llegó el primer gran susto. En noviembre de 2011, el Ejecutivo comunitario pronostica que nuestro país presentará un déficit público del 6,6 por ciento y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aseguraba que terminaríamos el año con una cifra cercana al 6 por ciento.
Baile de cifras
A finales de diciembre, el Gobierno de Rajoy apuntó a que esta cifra podría dispararse hasta rebasar el 8%, desviación que achacó a la mala gestión del anterior Gobierno y al incumplimiento de las autonomías. A mediados de febrero de 2012, la agencia Reuters echó más leña al fuego al publicar que en la CE existían sospechas de que el Gobierno español había inflado la cifra de 2011 para jugar a su favor en 2012 de cara a una flexibilización de los objetivos. El Ejecutivo comunitario desmintió esta información y apuntó a que con la validación de Eurostat se aclararían las cosas.
El 23 de abril del año pasado, la agencia estadística europea avaló que el déficit español se había disparado hasta el 8,5%, lo que supuso un balón de oxígeno para el recién estrenado Ejecutivo español y el fin de las sospechas.
Precisamente este déficit tan abultado y la herencia del Gobierno anterior fue una de las bazas negociadoras que utilizó Rajoy para conseguir menos recortes y deberes en 2012. Nuestro país consiguió rebajar esta cifra al 5,3%, aunque su pretensión era del 5,8.
Pero no hay que cantar victoria. En mayo del año pasado, el Ministerio comandado por Cristóbal Montoro volvió a dar otro sobresalto y anunció la revisión al alza de cuatro décimas, hasta el 8,9 de nuestra cifra de déficit en el año 2012. El Gobierno explicó a Eurostat que este nuevo desfase se debía a los gastos pendientes que habían aflorado gracias al pago a proveedores y a los incumplimientos en determinadas comunidades autónomas.