Aun cuando el Estado nunca ha cedido el control sobre la gestión de la Seguridad Social, lo cierto es que no ha sido lo mismo jubilarse según la parte de España en la que se llevara a cabo el retiro. El hecho de que el Estado de las Autonomías sea también asimétrico desde el punto de vista del estatus de sus pensionistas no sólo se debe al diferente impacto de la crisis económica, o al mayor o menor grado de envejecimiento de sus poblaciones.
También ha influido una mezcla de factores histórico-políticos con las peculiaridades del modelo productivo que presenta cada región.
Así, en el hecho de que el País Vasco pague, con diferencia, la pensión media más alta (al desembolsar más de 1.000 euros mensuales), desde luego, tiene que ver con el hecho de que se trata de una región tradicionalmente industrial, un sector cuyos trabajadores cuentan con bases de cotización más elevadas, pues los salarios son más altos, que aquéllos que ejercen en el sector servicios.
Ahora bien, no hay que desdeñar el impacto que han tenido las concesiones políticas que hubo que hacer para sacar adelante la dolorosa reconversión de la industria pesada y naval vasca en la década de los 80. El proceso echó a andar gracias a que, en muchos casos, a los afectados se les concedieron pensiones superiores a las que les correspondían de acuerdo con lo que habían cotizado hasta el momento del despido. Una operación que, por supuesto, se llevó a cabo con cargo a la Seguridad Social.
Un proceso parecido se vivió en Asturias debido a la reconversión minera, lo que ha supuesto que en el Principado la pensión media también se halle entre las más elevadas del país, ya que se sitúa en 965,72 euros mensuales.
La diferencia es clara con respecto a las comunidades autónomas que han basado su desarrollo tradicionalmente en el sector servicios. Un pensionista en Canarias recibe de media 760,36 euros al mes; en Baleares incluso menos: 741,06. Es comprensible, por tanto, que ambos archipiélagos, pese a su pequeño tamaño, sean aportadores netos a la caja única de la Seguridad Social. Con todo, sobre todo en el caso balear, hay otros factores que explican su abultado saldo positivo entre cotizaciones y pago a sus pensionistas.
No en vano la comunidad que gobierna el popular José Ramón Bauzá presenta la tasa de actividad más alta de España, un 58,7 por ciento de su población activa, según reflejó la última EPA, aun cuando correspondió a un periodo, el primer trimestre del año, lejano de la temporada alta turística.
Región donde aún se construye
En Baleares, la constante demanda de trabajadores por parte de sectores como el hostelero (e incluso el constructor en algunas zonas como Ibiza) hace que las oleadas migratorias sean favorables para la economía, y para la Seguridad Social, en esta región.
En otras palabras, Baleares, al igual que Madrid, recibe cuantiosos flujos de trabajadores jóvenes, atraídos por tasas de desempleo inferiores a la media nacional (del 19,4 por ciento en el caso madrileño, bien lejos del 26,02 por ciento propio del conjunto del país), con cuyas cotizaciones pagan las pensiones de los que están ya retirados.
Por el contrario, el movimiento de la población no es tan favorecedor para otras autonomías. De regiones como Galicia o Castilla y León salieron, hace décadas, personas que buscaron trabajo en las regiones más industrializadas, como el País Vasco o Cataluña.
Una vez llegados a la edad de percibir su pensión, no permanecieron allí, sino que regresaron a sus lugares de origen, áreas que en muchos casos ya mostraban un agudo problema de envejecimiento de la población y de marcha de posibles cotizantes hacia otras regiones donde hubiera mayores oportunidades de encontrar trabajo. En los últimos años, los efectos de esa tendencia sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones se han visto multiplicados por el impacto de una crisis que, en comunidades como Andalucía ha llevado el paro a niveles superiores al 30%.
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