Al gasto en pensiones hay que añadir unos 1.200 millones del paro previo a la prejubilación.
La crisis ha pasado una factura a la Seguridad Social en jubilaciones anticipadas de 743 millones de euros. A esta cantidad se debe añadir el coste de los dos años de paro, al que habitualmente se acogen los afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) o despidos.
Desde el año 2008, más de medio millón de personas -567.436- han salido de forma prematura del mercado de trabajo. Este colectivo representa en torno al 0,30 por ciento del total de los parados. No se dispone de datos desagregados de lo que supone el coste de las prestaciones por desempleo de este grupo. En un cálculo a grosso modo -porcentaje del colectivo sobre el gasto total en desempleo por los dos años de paro- las prestaciones por desempleo de este grupo en los cinco años de crisis se podrían situar en un mínimo de 1.200 millones de euros.
La jubilación anticipada es un problema para el mercado de trabajo y para el sistema de pensiones, amén del coste social que implica un abandono temprano de la ocupación. Se pierde valioso capital humano; se incrementa el gasto en pensiones y supone una contradicción con el objetivo general de alargar la edad de jubilación. El coste para la Seguridad Social no se debe medir sólo en las prestaciones que debe pagar, sino en las cotizaciones que el sistema deja de percibir por cada año que cada trabajador se jubila antes de tiempo.
Un rápido aumento
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, comentó en su última comparecencia ante los medios de comunicación que el número de jubilaciones anticipadas subió un 14 por ciento durante el pasado ejercicio. De manera que si en 2011 salieron del mercado laboral 111.648 personas de forma prematura, en 2012 la cifra subió en 15.630, hasta totalizar 127.278 personas que se jubilaron, pese a no cumplir 65 años.
El aumento de gasto que supone es incompatible con la evolución de los ingresos de la Seguridad Social. En 2008, la media de afiliados era de 19,1 millones, mientras que el año pasado ya había bajado a 16,8 millones, y hemos arrancado el año 2013 con 16,1 millones de ocupados, dato que muestra un retroceso de una década en la afiliación al Sistema.
Ello ha llevado a que sólo haya 2,3 cotizantes (ocupados y parados) por cada pensionista, cuando el límite de sostenibilidad del sistema se sitúa en 2,5. Pero si el cálculo se realiza sólo tomando en cuenta a los cotizantes ocupados, la cifra resulta aún más dramática: se reduce hasta el 1,96, es decir, ni dos cotizantes para mantener a un pensionista.
La tendencia, si no se ataja la destrucción de empleo, es que cada vez haya menos cotizantes que sostengan a más jubilados, con el agravante de que se percibe la pensión más tiempo, porque crece la esperanza de vida. De acuerdo con los datos del INE, en 2011 la esperanza de vida tras los 65 años era de 22,5 años, mientras que una década atrás era de 19 años, a partir de que se cumplía la edad legal de jubilación.
Coeficientes reductores
Los sindicatos argumentan que el coste de las jubilaciones anticipadas se compensa por los coeficientes -6,48 por ciento-de reducción de la pensión que se aplican cuando se accede a ella anticipadamente. Este planteamiento olvida que el sistema paga jubilaciones y paro a personas que deberían estar cotizando. Esta situación no sólo perjudica a la Seguridad Social, sino a aquellos que se ven expulsados a la fuerza del mercado de trabajo. Prueba de ello es que las jubilaciones penalizadas con coeficientes reductores han crecido durante la crisis sin tregua. Incluso entre 2009 y 2010, el total de altas nuevas cayó en 2.783 personas, mientras que entre quienes se anticiparon con coeficientes reductores aumentaron en 4.963 en el mismo periodo.
Jubilaciones parciales
Dentro de las jubilaciones anticipadas existe una modalidad, la jubilación parcial, la más costosa, que ha sido sistemáticamente empleada por el metal y la banca. Su objetivo era proporcionar a las empresas una vía de rejuvenecimiento de las plantillas. Efectivamente ha contribuido a la flexibilidad en sectores como el del automóvil, pero también se ha utilizado de forma fraudulenta.
La jubilación parcial consiste en sustituir un trabajador senior por un empleado junior, pero de igual o similar categoría laboral. Con esta fórmula, se abarata el coste para la empresa y en teoría también para la Seguridad Social, que paga la prestación del senior, mantiene un nivel de cotización igual o similar. El fraude se produce, cuando, por ejemplo se cambia, sólo a efectos de Seguridad Social, el director de una agencia de banca por un limpiador y así se cotiza mucho menos.
Esta modalidad ha ido cayendo en los últimos años. En el arranque de la crisis, unas 35.449 personas se acogieron a esta tipología. Sin embargo, en 2011, la incorporación de personas a la jubilación anticipada parcial tenía un ritmo mucho más bajo: se sumaron 25.877 personas, en torno a unos 10.000 menos que cuatro años atrás. De este modo, la partida destinada a abonar estos pagos se ha visto muy reducida, de representar en torno al 40 por ciento del total, el 39,2 por ciento en el arranque de la crisis, en 2008, a bajar hasta el 27,7 por ciento del total que representó en el año 2011.
Al mismo tiempo, las personas que se incorporaban con coeficientes reductores ha ido a más. Ello demuestra que muchas de las personas que han salido de forma prematura del mercado de trabajo lo han hecho a través de ERE.
Los planes del Gobierno
Tomás Burgos ya ha hablado de la necesidad de desincentivar las jubilaciones anticipadas, aunque fuentes consultadas por elEconomista aseguran que se va a esperar hasta que el sector financiero y las empresas públicas terminen su proceso de reestructuración.
Precisamente es en el tramo comprendido entre los 61 y los 63 años de edad en el que se está produciendo el acceso a la jubilación en la reestructuración de la banca, y el adelgazamiento del personal laboral de las empresas de las Administraciones Públicas.
Se estudia la posibilidad de prohibir la jubilación anticipada antes de los 63 años o subir el coeficiente reductor que penaliza la pensión. Los expertos ven complicada esta última opción, porque la penalización se elevaría demasiado.
Respecto al tramo comprendido entre los 63 y los 65 años, "lo que es seguro", según adelantan las mismas fuentes a este diario, es que se va a retrasar la edad de acceso en la misma proporción en la que aumente la jubilación legal. De manera que el acceso legal a la jubilación anticipada se retrasará a 65 años de forma progresiva en los próximos años.
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