
Madrid, 7 feb (EFE).- Los sindicatos CCOO, UGT y CSIT-Unión Profesional (CSIT-UP) han presentado hoy un conflicto colectivo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para denunciar la supresión de la paga extraordinario de diciembre a los funcionarios regionales y pedir que se les abone la parte correspondiente.
El secretario general de la federación de servicios públicos de UGT de Madrid, Santiago Tamaño González, ha señalado que "es de justicia" que les abonen la paga extra y ha añadido que han perdido "más de veinte puntos" de poder adquisitivo en cuatro años.
El presidente de CSIT Comunidad de Madrid, Manolo González Molina, ha asegurado que, "al margen de los colores", les están "machacando", ya que estas medidas "ya se habían iniciado con el Gobierno anterior".
"La demanda se basa en que la norma es inconstitucional", ha explicado el portavoz de CCOO de Madrid, Javier Díaz Toril, porque, en su opinión, "vulnera claramente la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva".
Esta medida refleja el "abuso que hace el Gobierno de los decretos leyes, ya que se presentó quince días después de aprobar la Ley de Presupuestos", ha añadido Díaz Toril, para quien regular las condiciones de los funcionarios mediante reales decretos "es más propio de un Estado dictatorial que de un Estado democrático".
Díaz Toril ha hecho hincapié en que la retroactividad de la norma también vulnera la ley, ya que se elimina una paga entera cuando "tenían que haber quitado, como mucho, sólo una parte".
La secretaria de CSIT-UP Madrid, Esmeralda Mingo, ha dicho que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, "coge todo aquello que le viene bien por ley para dañar la calidad del empleo público y de los ciudadanos, y, sin embargo, cuando hay algo que se puede mejorar, no lo aplica".
Además, ha señalado que la negociación del convenio de los funcionarios no se lleva a cabo desde el año 2007, aunque se ha solicitado mediante escritos a la Administración, que, a su juicio, "está haciendo dejación de sus funciones".
Los sindicatos se han apoyado en la demanda que la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid ICM ganó el pasado 22 de enero y que determinaba que se debía pagar la parte proporcional de la paga extra de diciembre correspondiente a los 14 días de julio previos a la entrada en vigor del Real Decreto Ley que suspendió su abono.
En el texto de la demanda, se pide que esta se eleve al Tribunal Constitucional si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende que el real decreto es inconstitucional.
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