MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que la amnistía fiscal ha reportado a la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) unos ingresos máximos de 149,6 millones de euros hasta octubre, el 6% de la recaudación total prevista de 2.500 millones de euros.
En un comunicado, Gestha considera una "misión imposible" cumplir las expectativas iniciales, ya que Hacienda debería ingresar el 94% de lo previsto por el Ejecutivo sólo en el mes de noviembre.
Además, asegura que la puesta en marcha de esta medida ha tenido un efecto negativo en otros ingresos tributarios, puesto que ha provocado una disminución del 20% de la recaudación inducida, que engloba aquellas declaraciones voluntarias presentadas fuera de plazo para evitar sanciones.
Según los técnicos, la amnistía permite "enjuagar" grandes fraudes a precios de saldo a pesar de que, como ya sucedió en las anteriores amnistías, no sirve para reducir el fraude fiscal, especialmente de las grandes fortunas y corporaciones empresariales, que son responsables del 71,7% de la evasión tributaria total.
Asimismo, creen que la amnistía atenta contra el principio constitucional de igualdad tributaria que, según el artículo 31 de la Constitución, debe inspirar el sistema fiscal, ya que supone un agravio comparativo para los contribuyentes que vienen cumpliendo con sus obligaciones fiscales.
Estos contribuyentes pagan tipos de hasta el 52% en el IRPF -llegando al 56% en Cataluña-, mientras que los defraudadores podrán saldar sus cuentas pagando un 10%, evitando intereses, recargos, sanciones y la imputación penal por los presuntos delitos fiscales cometidos.
MEDIDAS PARA REDUCIR LA ECONOMIA SUMERGIDA
Para reducir la economía sumergida, Gestha considera necesario aplicar la ley a quien defrauda sin excepciones, además de reorganizar en profundidad el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria otorgando mayores responsabilidades y competencias en la lucha contra el fraude a toda la plantilla.
Además, debería dedicarse más esfuerzo en perseguir el fraude de las multinacionales y grandes compañías, en vez de concentrar el 80% de los recursos en investigar a autónomos, microempresas, pymes y asalariados.
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