El Gobierno de Portugal aseguró hoy que la inconstitucionalidad de los recortes salariales del sector público no le impedirá cumplir el próximo año los ajustes presupuestarios previstos en su rescate financiero.
En un comunicado emitido por el Ministerio de Finanzas, el Ejecutivo conservador luso subrayó que "está determinado a cumplir el programa de ajuste presupuestario y promover el consenso nacional".
También señaló que la decisión del Tribunal Constitucional, divulgada hoy, de rechazar los recortes de los sueldos de funcionarios y pensionistas por considerarlos discriminatorios respecto a las empresas privadas, no afecta al ejercicio de 2012.
"Para 2013 serán estudiadas medidas de efecto presupuestario equivalente" y para su elaboración serán consultados "los socios internacionales" de Portugal, en alusión a los organismos que le concedieron el rescate, la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El primer ministro, Pedro Passos Coelho, expresó también en un acto público su voluntad de tomar "todas las medidas necesarias para garantizar el equilibrio presupuestario y cumplir las metas de déficit.
La "agenda de transformación estructural" del país no se puede retrasar, agregó, y hay que adelantar medidas como las privatizaciones de entidades públicas.
Cumplir con los objetivos
Pero en relación al dictamen del Constitucional, el jefe del Gobierno no quiso adelantar qué medidas podrá adoptar y se limitó a señalar que la decisión del Tribunal obliga a "extender" a todos los ciudadanos las medidas adoptadas con los funcionarios y pensionistas.
La representación del FMI en Lisboa también difundió un comunicado en el que recordó que la decisión del Constitucional no afecta a este ejercicio y que el Ejecutivo luso tiene "un claro compromiso" y ha cumplido los objetivos del programa de ajuste.
No obstante señaló que "será importante asegurar" un presupuesto de 2013 en consonancia con las metas económicas y el dictámen del alto tribunal.
El Constitucional portugués consideró discriminatoria la suspensión de las pagas extras de verano y navidad de los funcionarios y pensionistas aplicada desde este año y, en principio, hasta 2015, cuando empezarán a recuperarse de forma gradual.
Tras su decisión, la oposición de izquierdas y los sindicatos pidieron de inmediato que los recortes salariales se anulen también en 2012 y que no se extiendan en 2013 al sector privado.
La izquierda marxista anunció que propondrá en el Parlamento un impuesto a los bienes patrimoniales que superen el millón de euros para sustituir los cerca de dos 2.000 millones de euros que la anulación de las pagas extras ahorra al Estado.
El Tribunal argumentó en su dictamen que el "principio de igualdad" debe aplicarse a todos los ciudadanos a la hora de ayudar a sustentar las cuentas públicas.
Pero decidió que su resolución no se aplique este año porque el ejercicio financiero de 2012 se encuentra "en un estado avanzado" y se pondrían en riesgo los objetivos presupuestarios.
¿Dificultades para reducir el déficit?
La suspensión de las dos pagas extraordinarias anuales en el sector público y el sistema nacional de pensiones se aplica a partir de los 600 euros y varía según el importe de la remuneración, que puede perderse por completo en función de los ingresos del beneficiario.
Esa reducción salarial, junto a medidas laborales generales para todos los trabajadores como la reducción de días festivos y de vacaciones, fueron parte de los diversos paquetes de austeridad aprobados por el Ejecutivo de Passos Coelho desde que llegó al poder en junio de 2011.
Portugal puede tener dificultades para bajar este año al 4,5% el déficit fiscal ante la caída, cercana al 3%, de los ingresos impositivos, afectados por la debilidad de la economía.
Los problemas de Portugal no acabaron con el rescate
