
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho hoy que en un mes se conocerán las necesidades de financiación de la banca española, aunque no será hasta finales de julio cuando concluya la auditoría del conjunto de las entidades. Bruselas quiere conocer cuanto antes el plan de reestructuración de Bankia.
En su intervención en el pleno del Congreso para convalidar la última reforma financiera, De Guindos ha explicado que el próximo 11 de junio el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicará las conclusiones de su estudio sobre la banca española.
En esa fecha aparecerán las necesidades de capital del sector financiero español y una semana más tarde, aproximadamente, las dos consultoras contratadas por el Ministerio de Economía y el Banco de España para evaluar la banca española terminarán su labor.
De ese modo, a finales de junio se conocerán las necesidades de financiación del sistema financiero, aunque las auditoras que se contratarán en breve seguirán evaluando el balance de los bancos españoles para terminar su trabajo a finales de julio.
La cobertura más alta
Durante su discurso, el ministro de Economía ha defendido que España tendrá una de las tasas de cobertura más alta de Europa gracias al decreto de saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero, y ha vuelto a achacar la responsabilidad de la actual crisis financiera a los socialistas por no haber adoptado medidas eficaces en su momento.
Durante su primera intervención para defender la norma, De Guindos ha repetido prácticamente en su literalidad el discurso que hizo ayer en sede parlamentaria. Así, ha repasado las principales novedades que incluye el decreto ley tales como aumentar en 28.000 millones de euros las obligaciones de provisiones y 'colchones' de capital para cubrir eventuales pérdidas del sector.
Así, la cobertura de los activos ligados al sector promotor y constructor, la cartera más problemática, se cubrirá al final de la reforma en 45%, una cifra "muy superior" al 18% existente hace cinco meses. "Estos niveles permitirán que España se encuentre entre los países con la tasa de cobertura más alta tanto sobre los activos totales como sobre los problemáticos", ha añadido.
Así, el ministro ha defendido que ésta es una "medida indispensable, en coordinación con las demás adoptadas por el Gobierno, para superar la crisis actual".
Debate en el Congreso
El Pleno del Congreso de los Diputados debate hoy la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley de saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.
Esta nueva normativa forma parte de la segunda fase de la reforma del sistema financiero impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que da continuidad a la iniciada por el anterior Gobierno.
De este modo, las entidades financieras estarán obligadas a reubicar su cartera de activos adjudicados en una sociedad gestionada de forma independiente antes del 31 de diciembre de 2012, el 31 de diciembre de 2013 para las entidades que estén inmersas en un proceso de fusión. El objetivo, según afirma el Gobierno, es delimitar de forma clara y precisa el riesgo promotor del sector financiero.
Así, con el fin de aislar y dar salida en el mercado a los activos inmobiliarios, cuya integración en el balance de las entidades "está lastrando la recuperación del crédito", se prevé la constitución de sociedades de capital a las que las entidades de crédito deberán aportar todos los inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionadas con el suelo para la promoción inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias.
Para ello es preciso garantizar que su valoración resulte ajustada a la realidad del mercado así como la profesionalización de la gestión de las sociedades citadas.
De este modo, el Real Decreto-ley establece las reglas necesarias para garantizar la neutralidad fiscal de las operaciones que se realicen en la constitución de las sociedades para la gestión de activos. Con el objeto de estimular la venta de los activos inmobiliarios, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, IRPF e Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se introduce una exención parcial de las rentas derivadas de la transmisión de bienes inmuebles urbanos que se adquieran a partir de la entrada en vigor del decreto.