El Gobierno ha aprobado este viernes su segunda reforma financiera en poco más de tres meses. Mientras en febrero elevó los requisitos de provisiones para los activos del ladrillo problemáticos, hoy ha anunciado medidas que ponen el punto de mira en los activos sanos. Consulte la presentación oficial de la reforma financiera (.pdf)
El Ejecutivo ha decidido aumentar del 7% al 30% la provisión genérica de los bancos para cubrir un hipotético deterioro de los activos no problemáticos, que se sitúan en los 123.000 millones de euros. Esto supone, en la práctica, que tendrán que provisionar 30.000 millones más.
Estos se unen a los 54.000 millones de euros en saneamientos ya realizados tras la aprobación del real-decreto ley de reforma financiera del mes de febrero, por lo que la limpieza total del sector ascenderá a unos 84.000 millones de euros. "El conjunto de las provisiones (las aprobadas en febrero y las de hoy) cubrirá un 45% de los activos ligados al sector promotor", ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Aunque la cobertura media para los activos no tóxicos será del 30%, las provisiones exigidas a la banca para cubrir sus créditos sanos serán las siguientes: el suelo tendrá que estar cubierto al 52%; las promociones en curso al 29%; las terminadas al 14% y los créditos sin garantía real al 52%.
Las nuevas provisiones de la banca se realizarán con cargo a los resultados y las entidades tendrán que presentar ante el Banco de España sus planes para cumplir con las nuevas exigencias antes del 11 de junio. Aquellas que tras este proceso de saneamiento presenten déficit de recursos propios o de capital principal tendrán que capitalizarse en el mercado o, en su defecto, podrán solicitar ayuda al Estado. Éste, a través del FROB, otorgará préstamos públicos a quien lo necesite.
En cualquier caso, el Gobierno descarta que sean ayudas públicas. "Se trata de un sistema en el que no hay ayudas públicas, en el que serán las propias entidades las que lleven a cabo la provisión correspondiente. En su defecto podrán solicitar al FROB la suscripción de bonos convertibles contingentes (CoCos) o de capital para fortalecer su balance", ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
"No se trata de ningún tipo de ayuda o subvención pública", ha señalado, por su parte, De Guindos. Son préstamos que se pagarán a un tipo de interés del 10%. "Más del doble de lo que paga el Tesoro por una deuda del mismo tipo", ha precisado.
15.000 millones de dinero público
Así pues, el respaldo del Gobierno a las entidades se articulará a través de bonos contingentes convertibles, que se pagarán a un citado tipo de interés del 10%.
Durante su intervención, De Guindos ha recalcado que es complicado calcular el importe potencial de dinero que podría destinarse a las entidades en caso de que lo necesiten para cumplir con las exigencias previstas por norma. No obstante, ha limitado a 15.000 millones de euros el eventual coste del saneamiento financiero.
Aunque se tratará de dinero público, De Guindos ha precisado que no costará dinero a los contribuyentes, porque lo que se hace es poner a disposición de las entidades unos recursos que deben ser reembolsados y que llevan aparejada una remueración para el Estado.
Obligadas a separar el ladrillo
Por otro lado, el Gobierno obligará a la banca a separar los activos tóxicos vinculados al ladrillo en sociedades independientes, algo parecido a un banco malo, antes de que acabe 2012 (antes del 31 de diciembre de 2013 para las que estén inmersas en un proceso de fusión). Estos activos se trasladarán a un precio de valor contable menos las provisiones acumuladas por las entidades para cumplir con las exigencias establecidas en el real decreto de febrero y el aprobado este viernes.
Esta sociedad se hará cargo, en principio, de todos los activos inmobiliarios tóxicos, es decir los que ya entraron en mora o tienen riesgo de hacerlo y los adjudicados, y deberá ir haciéndose cargo de los créditos del "ladrillo sano" que pasen a ser problemáticos.
Además, con el fin de agilizar la venta de los activos tóxicos, la sociedad deberá colocar anualmente al menos un 5% de ellos a un tercero para que el banco que los aportó se desvincule de ese lastre.
El ministro de Economía ha señalado que para el Gobierno sería deseable que entraran inversores privados en estas sociedades independientes.
De Guindos ha recalcado que estas medidas responden a la voluntad de "transparencia absoluta" del Gobierno, porque no puede existir la más minima duda sobre las valoraciones de los activos en manos de la banca. "Si no, la recuperación económica será difícil".
El ministerio de Economía encargará a dos expertos independientes la valoración de toda la cartera de activos de la banca española, según anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Subastas pendientes
Durante su intervención, De Guindos ha anunciado que el Ejecutivo ultima una "derrama especial" en las cuotas que aporta la banca al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para sufragar las subastas pendientes de entidades intervenidas por el Estado.
El FGD ya ha agotado sus recursos tras la adjudicación de Unnim a BBVA por un precio simbólico de un euro. "Se intentará que con una derrama especial en las cuotas de las entidades se financien las subastas pendientes", ha señalado.
Aún quedan dos entidades intervenidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que deben ser subastadas: Catalunya Caixa y Banco de Valencia. A estas se podría sumar Novagalicia Banco, que buscará la captación de inversores privados hasta el próximo mes de septiembre.
Hoy mismo, el Gobierno también ha decidido dar un mes más de plazo, hasta el 30 de junio, a las entidades financieras para anunciar su planes de fusión.
Así fue la rueda de prensa del Consejo
