El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado hoy que su partido pedirá la paralización de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP y la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Según ha explicado, consideran que rompe el principio de igualdad entre los españoles recogido en la Carta Marga.
En declaraciones a TVE, Rubalcaba ha asegurado que esta amnistía es una "inmoralidad" y ha insistido en que es "injusto" hacer pagar menos a los defraudadores que decidan aflorar sus activos que a quienes han pagado puntualmente sus impuestos. "Eso es insostenible", ha subrayado.
El líder socialista no ha querido comparar la amnistía aprobada por Mariano Rajoy con la que autorizó el Ejecutivo del PSOE en 1991, al entender que se trata de situaciones distintas, y ha negado que durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero se barajara una medida de esta naturaleza.
"Yo nunca vi un proyecto que tuviera que ver con la amnistía fiscal, nunca, en ninguna mesa en la que me sentara en el Gobierno. Durante unos días se habló de esto y yo hablé de esto con el presidente y con la ministra de Economía, Elena Salgado, y le dije lo mismo que digo ahora, que era una inmoralidad y un trato desigual a los ciudadanos. Elena Salgado dijo lo mismo, que era una inmoralidad", ha afirmado.
Profunda injusticia
La pasada semana, Francisco Caamaño, exministro de Justicia con Jose Luis Rodríguez Zapatero y presidente del PSdeG en A Coruña, manifestaba que los socialistas albergan "serias dudas" sobre la constitucionalidad de la amnistía fiscal propuesta por el Gobierno.
Caamaño también hacía referencia a la "profunda injusticia" que establece la normativa, que según explica permite a los defraudadores legalizar su patrimonio pagando un 10%, mientras la mayoría de los trabajadores tienen que pagar al menos un 20%.
La amnistía fiscal que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha incluido en los Presupuestos de 2012 tiene como principal objetivo la regularización es repatriar el dinero negro que salió de España en los últimos años.
Según los cálculos de Hacienda, la amnistía podría permitir el regreso a nuestro país de 25.000 millones de euros evadidos, que dejarían en las arcas del Estado alrededor de 2.500 millones de euros por la aplicación de un gravamen especial.
