La amnistía fiscal que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha incluido en los Presupuestos de 2012 no está especialmente pensada para que ciudadanos y empresas que hayan defraudado se pongan al día con Hacienda. Al menos esa no era la idea prioritaria que rondaba por la cabeza de sus artífices cuando decidieron poner en marcha esta controvertida medida.
El objetivo principal de la regularización es repatriar el dinero negro que salió de España en los últimos años de Gobierno de Zapatero, "espantado" por el rapidísimo deterioro de nuestra situación económica y por las dudas que empezaban a surgir sobre la viabilidad del euro. El Gobierno considera que ahora, garantizada la continuidad del euro y descartada, en gran medida, la posibilidad de que nuestro país tenga que ser rescatado, ese dinero podría regresar, a poco que se le ofrezca un escenario más tranquilo y la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva con un "coste asequible".
Según los cálculos de Hacienda, la amnistía podría permitir el regreso a nuestro país de 25.000 millones de euros evadidos, que dejarían en las arcas del Estado alrededor de 2.500 millones de euros por la aplicación de un gravamen especial. Para el Gobierno, sin embargo, lo importante no son los ingresos extraordinarios que puede generar la regularización, sino el montante total repatriado, los 25.000 millones de euros mencionados, que se considera que se "inyectarán" en vena en la economía española, mediante inversiones, adquisiciones, consumo o simples depósitos. Una cantidad que será recibida como "agua de mayo", dada la terrible falta de liquidez actual.
Fuentes financieras consultadas por elEconomista destacaron el alarmante desplome que ha sufrido en los últimos meses la inversión extranjera con destino España. De un tiempo a esta parte se podría decir que en nuestro país no entra ni un céntimo del exterior y que la única financiación que recibe nuestra economía es la procedente del BCE, a través de las subastas de liquidez que ha puesto en marcha y cuya continuidad en el tiempo no está garantizada. En este escenario, la llegada de 25.000 millones podría aliviar en parte ese problema.
A la manera de Monti en Italia
El modelo que se ha seguido es similar al aplicado en Italia por Mario Monti. Una de las primeras medidas que tomó nada más llegar al Gobierno fue una regularización fiscal que fue muy criticada pero que permitió repatriar al país alrededor de 50.000 millones de euros.
El verdadero artífice de la amnistía fiscal aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros ha sido el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, un auténtico experto en la evolución de los flujos internacionales de capital. Ferre es inspector de Finanzas del Estado y ya colaboró con Cristóbal Montoro en la anterior etapa de Gobierno del PP y posteriormente con Pedro Solbes. Hasta su reciente incorporación a Hacienda era socio de Fiscalidad Internacional de PricewaterhouseCoopers (PwC). Ha representado a España en los organismos internacionales responsables de definir la fiscalidad internacional, como la OCDE, Naciones Unidas y la propia Unión Europea.
Exoneración penal
La amnistía ha recibido este fin de semana críticas por parte de la oposición, que la considera un escándalo, en especial por su vertiente penal. En el BOE del sábado, que recoge el desarrollo de la amnistía fiscal, se tipifica la exoneración de responsabilidad penal a aquellos que regularicen su situación con Hacienda. La medida ha despertado críticas entre los inspectores, pues deslegitima su actuación frente a contribuyentes "de la superficie" que hayan cometido error aritmético, material o de hecho en sus declaraciones. Aunque la infracción cometida que ahora emerja, al calor de la medida, pueda ser constitutiva de delito, Hacienda perdonará las eventuales penas de cárcel por delito tributario a las personas físicas o sociedades que admitan su fraude. Asimismo, no se impondrán sanciones, intereses ni recargos.
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