
La última andanada de recortes y subidas de impuestos anunciada por el Gobierno griego no ha bastado para ablandar el corazón de los rescatadores: la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los expertos creen que Grecia seguirá en el euro, aunque se precipita a la quiebra.
Ni siquiera está claro aún que los sabuesos de esta terna o troika de instituciones vuelvan a hacer las maletas para regresar la semana que viene a Atenas y reanudar la negociación sobre el desbloqueo de las ayudas a aquel país.
Si Grecia no recibe en breve el préstamo de 8.000 millones de euros previsto para mediados de septiembre y que ya no llegará antes de mediados de octubre, el mes que viene su Administración dejará de poder pagar sueldos y pensiones.
La Comisión Europea sigue defendiendo que las negociaciones se reanudarán la semana que viene. Pero admite: "Veremos si es realista".
Bruselas "toma nota" de los nuevos ajustes anunciados por Grecia, pero ha eludido aclarar este jueves si son suficientes para desbloquear la ayuda urgente de 8.000 millones que Atenas necesita para no suspender pagos en octubre.
El Ejecutivo comunitario se ha limitado a señalar que las medidas todavía deben ser examinadas en detalle por la misión de inspectores de la Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
Aún quedan flecos por atar. De hecho, el debate para retomar la negociación se ha trasladado ahora a Washington, donde esta semana se reúnen los ministros de Economía y Finanzas de los países miembros del FMI.
Las últimas medidas
De momento, Grecia sigue anunciando más medidas de para cumplir con las exigencias de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y conseguir que desbloqueen el siguiente tramo de ayuda del primer rescate.
En concreto, el consejo de ministros acordó ayer reducir un 20% mensual aquellas pensiones que superen los 1.200 euros, así como reducir un 40% las pagas a los antiguos trabajadores públicos que se jubilaron ante de los 55 años.
Asimismo, el Gobierno heleno decidió ampliar el nuevo impuesto inmobiliario, que originariamente expiraba el próximo año, hasta al menos el ejercicio 2014.
En otro orden de cosas, ha optado por colocar a alrededor de 30.000 trabajadores públicos "en la reserva laboral" este año, lo que implicará reducir su salario en un 60%, y darles doce meses para encontrar un nuevo trabajo en el sector público. De lo contrario, perderán sus empleo.