La falta de acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales obligará previsiblemente a posponer la aprobación del plan contra el empleo sumergido hasta el viernes 29 de abril. La intención del Ejecutivo era dar 'luz verde' al proyecto en el Consejo de Ministros de mañana miércoles siempre y cuando estuviera suficientemente "maduro".
Sin embargo, después de que las organizaciones sindicales y empresariales rechazaran ayer el primer borrador que el Gobierno les entregó el pasado viernes, el Ejecutivo podría posponer su aprobación hasta dentro de 10 días si no se llega a un acuerdo en las últimas horas.
La propuesta del Ejecutivo contemplaba, entre otras medidas, un periodo de afloramiento voluntario del empleo sumergido hasta el próximo 30 de junio. Una vez terminado este plazo, las sanciones se incrementarían para las empresas que persistieran en estas prácticas irregulares.
Según los sindicatos, este primer boceto del plan contiene ventajas para las empresas y perjuicios para los trabajadores. Además, rechazan que las medidas disuasorias entren en vigor a partir del 30 de junio y no antes. Por su parte, los empresarios consideran que las sanciones que se plantean son demasiado duras.
Los detalles del plan
En principio, estará vigente entre junio de este año y diciembre de 2012 y contemplará un primer periodo para que las empresas puedan regularizar voluntariamente su situación. El Gobierno ha dejado claro que estas empresas no gozarán de una amnistía, pero sí tendrán la posibilidad de acogerse a aplazamientos que hagan más fácil el pago de la deuda contraída con la Seguridad Social.
En una segunda fase, habrá un endurecimiento de las sanciones para las empresas y para los trabajadores que complementen sus rentas sin declararlo o cobren indebidamente la prestación por desempleo.
Según el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), cada año 245.000 millones de euros escapan al control del fisco en España.
Plan para aflorar el empleo irregular
