El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha avanzado que el Gobierno está "ultimando" el plan para hacer aflorar el empleo sumergido y que podría aprobarlo en el Consejo de Ministros del próximo miércoles. Regularizar el empleo sumergido podrá aplazar la deuda con la Seguridad Social.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Rubalcaba indicó que el Gobierno viene trabajando "desde hace tiempo" en este plan y que su intención es aprobarlo con "celeridad", con lo que si su aprobación no se produce la próxima semana, probablemente tenga lugar el siguiente viernes, 29 de abril.
"En el Consejo de Ministros del miércoles trataremos este tema", dijo Rubalcaba, para añadir: "No puedo asegurar que lo aprobemos ese día, pero si está lo suficientemente maduro, lo haremos", añadió.
El plan fue anunciado por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, tras una reunión mantenida en La Moncloa con los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, el pasado 23 de marzo.
Faltan por concretarse los detalles
Hasta ahora han trascendido pocos detalles del plan. En principio, estará vigente entre junio de este año y diciembre de 2012 y contemplará un primer periodo para que las empresas puedan regularizar voluntariamente su situación. El Gobierno ha dejado claro que estas empresas no gozarán de una amnistía, pero sí tengan la posibilidad de acogerse a aplazamientos que le hagan más fácil el pago de la deuda contraída con la Seguridad Social.
En una segunda fase, habrá un endurecimiento de las sanciones para las empresas y para los trabajadores que complementen sus rentas sin declararlo o cobren indebidamente la prestación por desempleo.
En concreto, según adelantaba el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en declaraciones al diario Expansión, el Gobierno aumentará más del 100% la sanciones a las empresas que mantengan trabajadores en situación irregular después de "tres o cuatro" meses de gracia que concederá a las compañías para que hagan aflorar el empleo sumergido, según el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.
El ministro confirmó igualmente que el plan contra el empleo sumergido entrará en vigor antes del verano, "entre mayo y junio", y advierte a las empresas y a los parados en situación irregular de que dispondrán de tres o cuatro meses para normalizar su situación.
Además, añadió que "una vez que concluya el periodo de gracia, previsiblemente hacia el otoño, la Inspección de Trabajo tiene previsto realizar entre 250.000 y 265.000 actuaciones con el objetivo de aflorar el empleo sumergido. Para las empresas, la cuantía de las multas, en función de los casos, puede elevarse desde los 6.251 euros a los 12.500 y desde los 187.515 a cerca de 400.000.
Los parados "de mentira" perderán la prestación
Para los desempleados que combinen la protección por paro con un trabajo sumergido, Gómez opina que requiere "una sanción muy grave", la pérdida del derecho a la prestación, aunque precisa que esta cuestión se debe negociar con los agentes sociales.
El ministro señala que la primera vez en que la Inspección descubra esta situación anómala no supone la pérdida automática de la prestación, pero que "a partir del plan sí".
Gómez niega que con este plan el Gobierno piense conceder una amnistía a las empresas infractoras, sino que se trata de que los empleadores sepan que si cumplen con el plan no va a haber ningún tipo de castigo.
"Cuando eso ocurra" y haya un periodo de tiempo hacia atrás que regularizar, señala Gómez, se intentará alcanzar acuerdos con las empresas infractoras para permitir la regularización de empleo sumergido con aplazamientos e incentivos. "Pero el objetivo de esa regularización es obtener empleos hacia el futuro", concluye.
Los agentes sociales ya tienen en su poder el borrador del plan, según confirmaron a Efe fuentes cercanas a la negociación, y a partir de ahora podrán aportar sus iniciativas al respecto.
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