MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Los secretarios generales de todas los sindicatos afiliados a la Confederación Europea de Sindicatos (CES), entre ellos, el máximo responsable de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han remitido este martes una carta a los jefes de Estado y Gobierno de la Eurozona reclamándoles una gobernanza económica "más justa".
Con motivo de la celebración del Consejo de Competitividad, el próximo viernes, y de la Cumbre de Primavera, el 24 y 25 de marzo, los líderes sindicales defienden en la misiva la necesidad de una gobernanza económica de la UE, pero rechazan el modelo propuesto por la Comisión y el Consejo, basados, fundamentalmente, "en imponer una presión a la baja sobre los salarios".
Para los máximos dirigentes sindicales europeos, la austeridad que se quiere imponer es "deflacionaria, injusta y una clara regresión". Ignora además el principio de subsidiariedad en materia de negociación colectiva, reconocido en el Tratado de Lisboa, así como la autonomía de los interlocutores sociales. "Estas propuestas amenazan la Europa social", denuncian los sindicatos europeos.
Asimismo, los líderes sindicales recuerdan que no son los salarios ni los mercados de trabajo los que han provocado esta crisis, sino los bancos y, sin embargo, ahora se intenta "hacer recaer la carga del ajuste sobre los trabajadores y sus salarios, mientras que los banqueros recuperan sus costumbres y primas".
Para los responsables sindicales, la competitividad no puede reducirse a cuestiones de costes salariales, sino que debe tratarse desde un enfoque global basado en una alta productividad, competencias e inversiones, para lo que es necesario un aumento de los presupuestos asignados a esta cuestión.
Por ello, instan a los jefes de Estado y Gobierno a que cambien de enfoque y adopten una gobernanza económica en positivo, que priorice el crecimiento económico y el empleo.
Entre otras medidas, proponen establecer impuestos sobre las transacciones financieras; el lanzamiento de eurobonos; un programa europeo para el empleo juvenil, el grupo más afectado por la crisis; promover una formación cualificada; y una nueva política de inversiones en la industria y en el desarrollo sostenible.
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