No es la primera vez que un Gobierno central hace transferencias a los nacionalistas para ganar el apoyo parlamentario necesario para sostenerse en el poder. "A finales de los 90 ya negociábamos la caja de la Seguridad Social", afirma el portavoz del PNV en el Pacto de Toledo, Emilio Olabarria. La Seguridad Social perdió 131.858 afiliados en agosto, primer descenso en seis meses.
Y, aunque ningún Gobierno ha cedido en romper la caja única de la Seguridad Social, la soledad que sufre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, podría ser un aliciente de peso para llevarlo a cabo.
La transferencia de las pensiones contributivas -las que se generan a raíz de cotizaciones- se podría realizar de dos maneras diferentes, bien concediendo al País Vasco capacidad recaudatoria propia o realizando un concierto que determine un cupo como el que se utiliza para los impuestos. De esta manera, la caja de la Seguridad Social debería transferir la cuantía convenida al País Vasco para que esta comunidad autónoma pague a sus pensionistas.
Transferir la caja
El primer supuesto, que es el que quieren los nacionalistas, se tendrá que negociar "a través de un convenio" para que no recaiga en la inconstitucionalidad. En él se determinará qué organismo realizará la función recaudatoria, porque "esto no formaba parte de los derechos históricos vascos" a diferencia de la Hacienda Foral. Este organismo pagaría a los pensionistas que residan en dicha comunidad.
En segundo lugar, se debería crear una Comisión Mixta, entre Gobierno central y el autonómico, para respetar el principio contable y que el Estado tenga constancia de las cuentas que gestiona el País Vasco. En este escenario parlamentario, se evaluaría el excedente que tiene la gestión vasca y se determinaría qué parte se debe transmitir a Madrid para garantizar la solidaridad con el resto de perceptores, cumpliendo así con el principio de solidaridad entre todos los españoles.
Pero, ¿y si la parte que gestiona el País Vasco entrara en déficit? "Es un riesgo que estamos dispuestos a correr, al igual que lo hicimos con los impuestos", explica desde el PNV Emilio Olabarria. De todos modos, existe un Fondo de Solidaridad.
El último peldaño sería el Fondo de Reserva. La bolsa, que creó la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, se tendría que determinar que a quien pertenece. Este punto sería determinado en las mismas negociaciones. El Fondo podría permanecer común para todo el Estado o bien se podría crear uno nuevo sólo para el País Vasco.
Movilidad geográfica
La población vasca está bastante envejecida, aunque también tiene un tejido empresarial estable y una tasa de paro menor que el resto de España. El número de cotizantes que a finales de 2009 estaban contribuyendo al sistema en el País Vasco ascendía a los 938.015 afiliados, es decir de cien trabajadores españoles, 5,2 están empleados en la autonomía vasca. Asimismo, el número de pensionistas ascendía en el pasado ejercicio a 487.650, según datos de la Seguridad Social. Por tanto, la proporción de cotizantes que residen en el País Vasco entre pensionistas es menor que la media nacional.
No obstante, de esta transferencia surgen diversas dudas y no sólo de su sostenibilidad. ¿Qué sucedería entonces con la movilidad geográfica? Si los pensionistas vascos se mudan a otras comunidades quién debe atenderlos: la comunidad autónoma en la que resida, es decir el Estado central, porque ha generado su derecho en el País Vasco y por tanto ha pagado allí su cotización. Y, por el contrario, la comunidad autónoma gobernada por Patxi López pagará a pensionistas que hayan trabajado en otra zona de España.
Además, cómo se determinará el derecho a cobrar directamente en el País Vasco por residencia o por lugar de cotización a la Seguridad Social. La conclusión es que el trámite burocrático aumentará y volveremos a encontrarnos con un Estado descentralizado gastando todavía más dinero en comunicar las diferentes sedes de la Seguridad Social, si esto llega a propagarse. En definitiva, la caja seguirá siendo el mismo y lo único que cambiaría sería la gestión. Al menos, así se explicita en la Constitución.
¿Es inconstitucional?
Cabe recordar que la Constitución Española enuncia como competencia exclusiva del Estado "el régimen económico de la Seguridad Social". Pero añade que éste será potestad del Estado "sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas". Lo que abre la puerta a que la gestión, por ejemplo, se pueda delegar a las autonomías.
Con estas bases, el Estatuto de Autonomía de Guernica, defiende esta concesión en su disposición quinta, donde cita que el Estado transferirá a la comunidad del País Vasco la gestión del régimen económico a la Seguridad Social en régimen de "convenio. Ésta es la clave. La caja no se debe romper, pero se puede convenir que el Gobierno vasco gestione las pensiones contributivas, así como el ingreso de las cotizaciones sociales.
Para el experto en Seguridad Social y ex director de la Oficina Presupuestaria en la etapa de Aznar, José Barea, esta exigencia es imposible, definiendo la caja de la Seguridad Social como "única e intransferible". Además explica que no se podría gestionar el sistema basándonos en el criterio de solidaridad, ya que las prestaciones contributivas de la Seguridad Social generan un derecho de cobro futuro. Esta visión también la comparte el Partido Socialista de Euskadi.
A pesar de que las negociaciones las esté llevando el secretario general de su partido y, seguramente, algo enfurecido por el flaco favor que le está haciendo Zapatero a su pacto con el PPE, Patxi López, denunció que la transferencia de las pensiones era "inconstitucional". La misma opinión también fue compartida ayer por el Partido Popular, que si bien no mencionó la Constitución, aseguró que la medida es "ineficiente e injusta".
Cataluña exigirá lo mismo
