Madrid, 29 jun (EFECOM).- El Consejo de Ministros aprobó hoy la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, cuyo objetivo es reducir la siniestralidad laboral y mejorar de forma continua los niveles de seguridad y salud en el trabajo.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega aseguró durante la rueda de prensa al término del Consejo, que es la primera vez que se elabora una Estrategia "de esta envergadura" para combatir la siniestrabilidad laboral de forma "integral racional y coherente" con la estrategia comunitaria.
De la Vega afirmó que la preocupación por la seguridad y salud en el trabajo "es una de las prioridades" de la política laboral de este Gobierno y fruto de un acuerdo de los interlocutores sociales y las comunidades autónomas.
Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, afirmó que la Estrategia, que definió como "ambiciosa" y "compartida" pretende reducir los accidentes al menos en un 25 por ciento hasta 2012, "para situarnos en la media europea".
Caldera recordó que la Estrategia contiene más de cien medidas que alcanzan a todos los ámbitos: educación, formación, I+D+i, salud, concienciación y sensibilización, medidas para empresas y para los trabajadores, así como para los servicios de prevención.
Los objetivos de la estrategia se dirigen, por un lado, a la prevención de los riesgos laborales en las empresas, cuyos destinatarios son los empresarios y los trabajadores y, por otro, a las políticas públicas de lucha contra la siniestralidad laboral, que tienen como destinatarios a las administraciones públicas.
Para lograr un mejor cumplimiento de la normativa en las pequeñas y medianas empresas, entre otras medidas, se establecerá un sistema de "bonus" o reducción de cotizaciones para las que tengan menores índices de siniestralidad y se establecen programas de control y vigilancia en aquellas que registren mayores índices.
También, se pondrá en marcha un Plan Renove de equipos de trabajo obsoletos en los sectores donde los datos de siniestralidad aconsejen que se modernice la maquinaria y habrá un programa específico para garantizar la prevención de riesgos laborales para los autónomos.
Las empresas que tengan recursos de prevención propios obtendrán reducciones en las cotizaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional y de bonificaciones en los contratos de trabajadores que hagan tareas preventivas; asimismo, se reforzará la vigilancia de la salud de los trabajadores.
Se fortalecerá la implicación de los trabajadores y empresarios en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.
En la negociación colectiva de ámbito sectorial, se negociará la creación de órganos específicos que desarrollarán programas para divulgar e informar de los riesgos en el sector. Estos programas se dirigirán a empresas de entre 6 y 50 empleados sin representación de los trabajadores.
En cuanto a las políticas públicas de lucha contra la siniestralidad, se desarrollará la cultura de la prevención en la sociedad española con medidas como impulsar la formación en prevención en todas las etapas del sistema educativo o campañas de concienciación.
Se perfeccionarán los sistemas de información e investigación en esta materia, con la presentación pública periódica de los datos sobre siniestralidad laboral y su comparación con la de la Unión Europea; se enfocarán las actividades de I+D+i hacia la identificación de las causas de los accidentes.
Asimismo, se elaborará un Plan Nacional de Formación en Prevención de Riesgos Laborales, se reformará y reforzará el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y se incrementarán los efectivos de la Inspección de Trabajo.
Para garantizar que las actuaciones se desarrollen de forma rápida y eficaz en todos los ámbitos se intensificará la colaboración con la Fiscalía especializada en seguridad y salud en el trabajo, las autoridades laborales de las comunidades autónomas y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. EFECOM
lgp/mdo
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