Madrid, 20 jun (EFECOM).- Cuando se cumplen cinco años de la huelga general en protesta por el Real Decreto Ley de la reforma laboral de 2002, UGT, CCOO y el Gobierno estudian la forma de resarcir a los trabajadores que vieron reducidos sus derechos laborales con la citada norma, conocida como "decretazo".
El citado Real Decreto Ley, que fue declarado inconstitucional el pasado 30 de marzo por el Tribunal Constitucional, estuvo en vigor entre mayo y diciembre de 2002 y dio lugar a la huelga general del 20 de junio de ese año.
Así, cinco años después de la huelga de veinticuatro horas que convocaron ambos sindicatos como respuesta al Gobierno del Partido Popular por el Real Decreto Ley, CCOO y UGT están elaborando una "tipología de casos" que se vieron afectados por el decretazo a fin de establecer la vía administrativa que corresponda para resolverlo.
Según informaron hoy a EFE fuentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el secretario general de Empleo, Antonio González, "tiene la misma voluntad" que los sindicatos, con quienes se reunirá "las veces que haga falta" con el objetivo de resarcir a los afectados.
El pasado 30 de marzo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el "decretazo" por considerar que no estuvo justificada la urgencia y extraordinaria necesidad que alegó el Gobierno -Juan Carlos Aparicio era entonces el titular de Trabajo- para sacarlo adelante.
El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, dijo hoy a EFE que la Sentencia del Tribunal Constitucional abrió una vía de reclamación de derechos individuales, "fundamentalmente salarios de tramitación y algún aspecto en materia de la cotización del periodo vacacional a efectos del desempleo".
Tanto UGT como CCOO, dijo el sindicalista, además de convocar la huelga que, entre otros aspectos, "impidió el abaratamiento del despido que planteaba el Gobierno del Partido Popular", entienden que "su deber es acompañar a los trabajadores hasta las últimas consecuencias".
Por ello, los sindicatos reclaman ante el Estado, como responsable, algunos de los derechos que se redujeron entre mayo y diciembre de 2002.
Si bien el Gobierno ha manifestado su "predisposición" para resolver este asunto, "la dispersión" de los afectados y las cuantías, "que no son elevadas", dificultan el trabajo de su identificación, así como la determinación del importe total, afirmó el representante sindical.
Por su parte, el secretario confederal de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, coincidió en destacar la "dificultad" de determinar el número de trabajadores que pudieron verse afectados, así como la cuantía.
Lezcano confirmó las conversaciones con el Gobierno y UGT en cuanto a la posibilidad de que pudiese haber algún tipo de reclamación individual "que haría el trabajador a la propia empresa, y, en función de las peculiaridades de cada empresa pudiera hacerse cargo el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)".
El representante de CCOO aseguró también que el Gobierno y los dos sindicatos están dispuestos a resarcir a los posibles colectivos de trabajadores que pudieran haberse visto afectados por esta cuestión. EFECOM
lgp/jj
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