Economía/Finanzas.- El Gobierno refuerza la seguridad jurídica tras la aprobar la nueva Ley de Sociedades de Capital

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros aprobó hoy mediante un Real Decreto Legislativo el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que unifica en un único texto toda la normativa reguladora de este tipo de sociedades en España y refuerza la seguridad jurídica en la materia.

De este modo, la nueva ley unifica la normativa sobre sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas cotizadas y sociedades comanditarias por acciones y pone fin a la "insuficiente" coordinación de los distintos tipos sociales, así como a las imperfecciones y lagunas existentes, ya que la gran mayoría de sociedades constituidas y operantes en nuestro país son limitadas o anónimas.

Además, con la nueva norma se sientan las bases del derecho de sociedades español que, al encontrarse en un texto único, permitirá apreciar las virtudes y posibles contradicciones en un momento en el que desde la Unión Europea se están tramitando normas que tendrán un impacto notable en nuestros tipos sociales, como el 'Reglamento de la Sociedad Privada Europea'.

La dificultad de la tarea de refundición ha exigido que el Gobierno no se limitara a reproducir las normas legales implicadas en la nueva Ley, sino que ha sido necesario hacer uso de las facultades de regularización, aclaración y armonización previstas en el mandato parlamentario.

El Ejecutivo considera esencial el principio de seguridad jurídica y la actualización y modernización del derecho mercantil por su incidencia e impacto favorable en el conjunto de la actividad económica.

Esta actividad se engloba dentro de un proceso más amplio que pueda dar lugar a la elaboración de un código de las sociedades mercantiles o, incluso, a un nuevo código mercantil al servicio de las exigencias de la economía española y la unidad de mercado.

La aprobación de esta nueva norma, que entrará ya en vigor tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), responde al mandato de las Cortes Generales establecido en la Ley de 3 de abril de 2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Dicha ley concedía un plazo de doce meses, desde su entrada en vigor el 4 de julio de 2009, para refundir en un único texto la normativa anteriormente dispersa en cuatro normas.

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