Isabel Conde
Washington, 31 may (EFECOM).- Bolivia espera que Robert Zoellick, el eventual presidente del Banco Mundial (BM), no vincule la ayuda al desarrollo a la promoción del libre comercio, según dijo hoy el Embajador Extraordinario de Comercio e Integración de Bolivia, Pablo Solón Romero.
"No queremos prejuzgar, pero nos preocupa que se empiecen a vincular ahora los temas de ayuda a países en desarrollo a los de promover las políticas mal llamadas de libre comercio", dijo Solón a los periodistas tras una conferencia ofrecida hoy en el Centro de Investigación de Política Económica, un instituto de izquierda.
"Creemos que este tipo de políticas tienden a favorecer a las corporaciones trasnacionales en detrimento de los derechos soberanos y la democracia de los estados", añadió.
El presidente de EEUU, George W. Bush, propuso ayer a Zoellick como sustituto de Paul Wolfowitz al frente del Banco Mundial.
Zoellick fue representante de Comercio Exterior de EEUU y promovió la negociación de acuerdos de libre comercio bilaterales con países latinoamericanos.
Desde la fundación del Banco Mundial en 1944, el Gobierno de Washington, que es el mayor accionista de la institución, siempre ha designado a su titular.
Solón dijo que Bolivia está "muy interesada" en un posible pacto comercial con EEUU, "pero que no sea bajo formato de Tratado de Libre Comercio (TLC)".
"Queremos un acuerdo por el que no tengamos que aumentar la vida de las patentes, por ejemplo, en detrimento del acceso a los medicamentos genéricos de nuestra población", explicó el embajador.
Solón viajó a Washington para reunirse con la directora del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, la ex ministra de Exteriores española Ana Palacio, y explicarle los motivos por los que su país decidió abandonar dicho organismo el pasado 2 de mayo.
Solón dijo que este organismo es parcial, ya que sus fallos son casi siempre a favor de las multinacionales, que los procesos son caros y que el mecanismo viola la Constitución de Bolivia.
Indicó que los juicios contra cualquier estado en el seno del CIADI deberían ser más abiertos y transparentes, y que es absolutamente necesario que esta institución adopte normas éticas.
"No disponen de código ético", dijo Solón, que añadió que una persona que actúa de juez en algunos casos puede ser abogada de una de las partes en otros.
Solón consideró que la decisión de Bolivia no perjudicará al número de inversiones extranjeras en el país y dijo que "ya hemos renegociado 44 contratos con las principales compañías petrolíferas", que siguen interesadas en invertir en Bolivia porque, según explicó, "salen ganando de todas formas".
Desde la nacionalización de los recursos naturales en Bolivia promulgada el 1 de mayo de 2006, todas las empresas conceden al Gobierno andino el 82 por ciento de sus ingresos en concepto de regalías e impuestos, según el embajador.
"No se trata de quitarlas nada, sino de garantizar que el estado y los bolivianos se van a beneficiar de las inversiones en el país", concluyó.
Solón confesó que se sorprendió de que Palacio estuviera de acuerdo con él con la mayoría de los problemas planteados sobre el CIADI y señaló que sólo había un punto de divergencia entre ambos.
"Nosotros, al contrario que ellos, creemos que si va a haber un mecanismo para resolver un conflicto entre una empresa privada y el estado, éste debe de estar fuera del BM", indicó Solón.
El embajador explicó que cuando las dos partes enfrentadas por un conflicto no llegan a un acuerdo, es el propio BM el encargado de designar una tercera que tendrá que fallar a favor de alguno de los dos implicados, y ahí, según explicó, suele haber demasiados intereses involucrados.
Como posible solución propuso que un organismo "más neutral" como la ONU se encargue de la creación de un mecanismo para la solución de conflictos multilaterales sobre inversiones, en el que no se repitan los fallos del CIADI.
En todo caso, Solón aclaró que "Bolivia no va a dejar de formar parte del Banco Mundial".
Actualmente el CIADI analiza una demanda contra Bolivia de la empresa chilena Quiborax, registrada en 2005. EFECOM
icr/cma/jla
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