Madrid, 29 may (EFECOM).- Comisiones Obreras ha formalizado la demanda del recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se compensó a UGT con 151 millones de euros por la devolución de su patrimonio histórico.
Dicha demanda plantea una cuestión de inconstitucionalidad porque entiende que en dicho acuerdo del Consejo de Ministros (de 24 de noviembre de 2006) se ha dado trato de favor a uno de los sindicatos más representativos.
La partida más importante del citado patrimonio, el 89 por ciento, proviene de bienes de la Fundación Cesáreo del Cerro, y supone 133,8 millones de euros, equivalente a 22.245 millones de las antiguas pesetas.
Según las abogadas de CCOO, Eva Silván y Eva Urbano, la devolución a UGT es "inconstitucional e ilegal" porque le han beneficiado con dinero que es de todos los contribuyentes, para cancelar la deuda de un sindicato.
Según la ley de 1986, el patrimonio sindical acumulado (los antiguos inmuebles que en su día pertenecieron a la organización sindical de la dictadura) se cedieron en uso a los interlocutores sociales de la democracia: organizaciones sindicales más representativas y a las organizaciones empresariales.
Sin embargo, esa ley restituía los bienes que hubieran pertenecido a los sindicatos de la República, CNT y UGT, si éstos acreditaban que eran suyos, como legítimos herederos.
Por este concepto, en 1987 UGT recibió 4.284 millones de pesetas. El sindicato reclamó más, pero con arreglo al texto de la ley, no le correspondía la compensación por ningún otro bien.
Según las abogadas de Comisiones, en 2005 se modificó la ley para reducir los requisitos, a fin de intentar justificar la entrega de los bienes de la Fundación Cesáreo del Cerro y, como consecuencia de esta modificación, el Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2006 aprobó el pago a UGT.
Las letradas aducen que con esta modificación se ha pretendido conceder un verdadero privilegio a UGT, que es la condonación indirecta de la deuda que tenía contraída con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el préstamo motivado por la quiebra de la PSV.
El Tribunal Supremo, previo audiencia a las otras partes, resolverá lo que proceda. EFECOM
lgp/jlm
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