Los sindicatos de la Función Pública, UGT, CCOO y CSI-CSIF, recurrirán ante la Justicia el recorte salarial a los empleados públicos que contempla el Decreto Ley que prevé aprobar mañana el Gobierno.
Según los dirigentes de los Servicios Públicos y para la Ciudadanía de UGT, Julio Lacuerda, y de CCOO, Enrique Fossoul, la medida se puede impugnar porque vulnera el Acuerdo de Negociación Colectiva de la Función Pública 2010-2012, así como el capitulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado que define el sector público y su régimen laboral.
Razones de peso
Según Lacuerda, UGT ha comprobado con varios juristas que "hay razones sustanciosas" para recurrir esta medida que además, advirtió, podría ser inconstitucional por pretender que la bajada sea retroactiva, lo que no se contempla en el ordenamiento jurídico y sería la primera vez que se produce.
Por su parte, Fossoul dijo a EFE que de mantenerse el criterio de que el recorte salarial "no sea universal" y no afecte a los empleados de empresas públicas que se rijan por convenios colectivos, la medida "puede recurrirse perfectamente".
En este sentido Lacuerda puntualizó que estaría vulnerando el capítulo primero de los Presupuestos Generales del Estado que definen el sector público y donde están incluidas las retribuciones directas tanto de funcionarios como de personal laboral de la administración central, de las autonómicas y locales.
Puntualizó que la impugnación es "segura", ante la destconfianza de que el Ejecuivo "rectifique" mañana el Real Decreto que aprobará el Consejo de Ministros con el fin de acelerar la reducción del déficit público.
Bases legales
En este sentido se preguntó sobre qué base legal basará el Gobierno que el recorte afecte sólo a los empleados públicos que no estén sometidos a convenios colectivos y criticó que la medida no tenga elementos de equidad, como planteó el presidente del Gobierno.
No obstante, Enrique Fossoul señaló que es una "bestialidad" vulnerar el derecho de negociación colectiva, que es uno de los derechos fundamentales, y advirtió de que de ser así el recurso judicial podría ir por una vía más urgente que la contencioso administrativa.
Se quejó de que a día de hoy el Gobierno no haya enviado a los sindicatos de la Función Pública "al menos un borrador del decreto-ley" y deban acudir mañana a la Mesa General de la Función Pública sin conocer los detalles del recorte.
Por otra parte, Lacuerda aludió a la inconstitucionalidad de la bajada salarial en el sector público, "nueva en la historia", y que supondría vulnerar la Constitución.
Explicó que "no se trata de congelar los salarios", por razones económica excepcionales, tal como contempla el acuerdo plurianual firmado en septiembre, sino de bajarlos, lo que iría en contra del ordenamiento jurídico español, que define "muy bien" la figura de la retroactividad.
"Esto no es una rabieta", aseveró, tras añadir que la precipitación de la medida, ha hecho cometer fallos muy importantes al Gobierno.
La huelga de funcionarios será el 8 de junio
