PSOE y CiU pactan que la supresión de los blindajes en empreas se aplique en un año

Madrid, 6 abr (EFE).- El PSOE recabó hoy el apoyo de CiU para sacar adelante la enmienda para la supresión de los blindajes en empresas, que limitará sus efectos a las sociedades cotizadas y se empezará a aplicar un año después de que entre en vigor la reforma de las leyes de Auditoría, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas.

El grupo parlamentario socialista, que en principio pretendía que las limitaciones en los derechos de voto de los accionistas se suprimieran en enero de 2011, ha aceptado así las variaciones introducidas por CiU en la enmienda, muy criticada por la mayoría de los grupos de la oposición.

En virtud de la enmienda, "serán nulas de pleno derecho las cláusulas estatutarias que, directa o indirectamente, establezcan dicha limitación".

No obstante, las empresas que actualmente cuentan con este tipo de blindajes, como Iberdrola o Repsol, contarán con "un año desde la publicación de esta Ley en el BOE" para adaptarse a la nueva normativa.

La portavoz socialista en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Marta Gastón, defendió que "la norma no está pensada para casos concretos", en referencia a las críticas de que el Gobierno ha propuesto esta enmienda en favor de los accionistas mayoritarios de Iberdrola y Repsol, es decir, las constructoras ACS y Sacyr.

En cualquier caso, explicó que su grupo ha decidido aceptar la propuesta de CiU para evitar que las empresas afectadas por la prohibición de los blindajes se vean obligadas a celebrar precipitadamente una junta extraordinaria de accionistas para reformar sus estatutos.

De esta manera, con el nuevo plazo, podrán reformar sus estatutos en las juntas ordinarias que se celebren en la primera mitad del ejercicio 2011.

En esa misma línea se pronunció el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, que también insistió en que, gracias a su enmienda transaccional, la supresión de los blindajes afectará únicamente a sociedades cotizadas o a aquellas que quieran debutar en Bolsa, y no a las empresas familiares.

La enmienda establece que las sociedades que empiecen a cotizar en bolsa deberán eliminar de sus estatutos las limitaciones a los derechos de voto "en el plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de admisión".

Uno de los diputados más críticos fue el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, que sostuvo que la medida "es igual de mala si entra en vigor este año o el año que viene".

Por su parte, el diputado del PP José Manuel Albendea lamentó que la reforma no haya sido abordada "con la tranquilidad que requiere la protección de accionistas minoritarios".

Para compensar la falta de blindajes, el PP propuso que el Ministerio de Industria pueda vetar a accionistas extracomunitarios que se hagan con el 25% de los derechos de voto de una empresa española.

El portavoz de ERC, Joan Ridao, criticó que la medida sólo sirve para "enardecer viejas rencillas corporativas en plena tormenta financiera" y además busca legislar "ad casum y ad personam", es decir, para favorecer los intereses de ACS y Sacyr, principales accionistas de Iberdrola y Repsol, respectivamente.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, también fue muy crítico al señalar que la medida "es un caso de parasitismo parlamentario" porque además de "degradar" el proyecto de ley, afecta al prestigio del Parlamento, que se convierte en una "marioneta" que actúa en interés de parte.